VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
La Audiencia de Cuentas de Canarias ha puesto en la picota a decenas de entidades (sobre todo sociedades mercantiles y fundaciones) dependientes de los ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes por contratar obras y servicios sin cumplir o no acreditar que se han garantizado los principios legales de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, asà como la adjudicación a la oferta económica más ventajosa de las presentadas.
Se han detectado irregularidades en 46 de estas entidades creadas por los ayuntamientos, de un total de 60 inspeccionadas, según consta en el informe del órgano fiscalizador correspondiente al periodo 2008-2011, y del cual dio cuenta ayer su presidente, Rafael DÃaz, en una comisión del Parlamento canario.
La Audiencia distingue, por un lado, 21 entidades que en esa época no consta que tuvieran aprobada la, por la Ley de Contratos del Sector Público, obligatoria instrucción que rige las adjudicaciones (en la provincia tinerfeña, se dan estos casos en Adeje, Arona, GuÃa de Isora, Los Realejos y Candelaria); y, por otro, a las que sà cumplÃan con este requisito pero aún asà no garantizan haber respetado uno o varios de los citados principios (en la provincia occidental ocurre en Icod de los Vinos, Adeje, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria y Granadilla). En este último grupo, 17 de las 60 entidades fiscalizadas incumplieron el requisito legal de confidencialidad del proceso, 25 el de igualdad y no discriminación entre los licitantes, y otros tantos en la transparencia de estos procedimientos, al tiempo que se vulneró el principio de publicidad de los criterios que regulan la adjudicación, y el de concurrencia (entre 2 y 28 casos detectados, en función del aspecto concreto que se analice).
Por ello, y según subrayó en el Parlamento DÃaz, la Audiencia recomienda publicar en Internet las instrucciones que regulan la contratación y que estas incluyan la obligación de justificar en el contrato las necesidades que se deben satisfacer, los criterios para que se contrate la oferta económicamente más ventajosa, la adecuada descripción del objeto del contrato que garantice la igualdad de acceso para los empresarios, hacer mención al principio de transparencia, asà como regular de forma expresa los diversos procedimientos de adjudicación, entre otras peticiones. Sin esas garantÃas, entre 2008 y 2011, sobre estas entidades pende la sombra de la sospecha.
El 9% del presupuesto autonómico de 2012, sin ejecutar. La comisión también debatió el informe de la Audiencia sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y del Fondo Interterritorial de 2012, que arrojó un saldo negativo de 108,2 millones . Ese año el Gobierno canario gastó 6.617 millones, lo que supone el 91% de lo presupuestado, con un déficit de 521 millones, ejercicio en el que las arcas autonómicas recibieron 399 millones menos del Estado.