Los grupos del Gobierno retrasan la reforma de la ley de vivienda

Inés Rojas, consejera de Políticas Sociales. / FRAN PALLERO

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Según la versión oficial, la tramitación de la modificación de la ley canaria de vivienda de 2003, más conocida como antidesahucios, iba sobre ruedas. Sin embargo, los grupos gubernamentales (nacionalistas y socialistas) han puesto el freno. A iniciativa del PSOE, han retirado el plazo para la presentación de enmiendas parciales al proyecto. En lugar del 3 de abril, ahora habrá que fijar otra fecha.

La obra se retrasa por una serie de inconvenientes. Lo curioso es que algunos de esos imponderables estaban previstos, como la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra unos preceptos de norma andaluza copiados en su práctica literalidad por el Ejecutivo canario.

Después de que, a mediados de enero, el Pleno del Tribunal Constitucional admitiera a trámite la demanda, el Gobierno de Paulino Rivero reafirmó su voluntad de seguir adelante con la hoja de ruta. No obstante, la suspensión automática de las medidas para “asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda” abrió un debate en el sótano. De ahí han salido dudas razonables acerca de la conveniencia de escalar una escalera sin peldaños.

Cuando el texto entró en el Parlamento, en noviembre, el Ejecutivo obvió tres informes desfavorables elaborados por la Dirección General de Planificación y Presupuestos. Fueron emitidos en septiembre, pero se habían registrado en la Cámara autonómica el 29 de enero. Entre otras consideraciones, se advertía de que no había dinero a medio plazo (2014-2016). También se apuntaban razonamientos de índole jurídica.

El departamento dependiente de la consejería que dirige Javier González Ortiz hacía la vista gorda a “unos gastos [17,3 millones al año] que arriesgan el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, un cálculo erróneo de la jefa del servicio de Planificación y Gestión Económica del Instituto Canario de la Vivienda y cuyo resultado real es de 8.685.903,3 euros.
Finalmente, el Legislativo rechazó el 26 de febrero la propuesta de devolución del grupo popular. En la defensa de la iniciativa, la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, incidió en la “necesidad de evitar el desalojo de familias en situación de emergencia social” y en la intención de movilizar el parque de viviendas deshabitadas. “En el periodo de 2008 a 2012”, arguyó, “más de 10.000 personas o familias sufrieron el lanzamiento judicial de sus viviendas en Canarias a causa de un proceso de ejecución hipotecaria” y la Administración General del Estado “no ha activado un mecanismo adecuado para favorecer la dación en pago, a saldar la deuda con la propiedad expropiada”. Esas palabras se le atragantaron al PP, que vincula este “paripé” a una “política fracasada”. En la justificación de la enmienda a la totalidad, el grupo popular exponía: “De la Comunidad Autónoma es la competencia y la responsabilidad de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos de nuestro Archipiélago a acceder a una vivienda”.

En paralelo, la portavoz adjunta de la bancada popular, Cristina Tavío, entregó ayer a la Defensora del Pueblo más de 700 firmas de vecinos que exigen que se ejecuten los proyectos de rehabilitación de sus casas. “Rojas no aclara el uso de más de 50 millones, cuando hay 35 barrios cayéndose”, denunció el viernes.