Hacienda señala a Ramírez
Así recibió un grupo de sindicalistas de FTPS-USO ayer a Miguel Ángel Ramírez. | DA
TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
El magnate grancanario de la seguridad privada, Miguel Ángel Ramírez, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria como imputado por un supuesto fraude millonario a Hacienda y a la Seguridad Social.
Ramírez, muy conocido por su condición de presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, responde así de una antigua denuncia que en su día impulsó FTSP-USO, sindicato que hoy ejerce como acusación particular en una querella presentada tanto por la Fiscalía como la propia Agencia Tributaria. La constante denuncia de FTPS-USO se debe al empeño de sus responsables a nivel estatal y canario: Antonio Duarte y Juan Díaz.
En concreto, a Ramírez se le acusa de un fraude que supera los dos millones de euros y que corresponden a los ejercicios de 2008 y 2009, pero que el especialista en Derecho de Empresa contratado por FTPS-USO, Ismael Franco (ADR Abogados), estima que podrían elevarse hasta los 40 millones de euros si se computase hasta el presente.
Básicamente la acusación sostiene que Seguridad Integral Canaria (SIC), mascarón de proa y pieza fundamental del imperio levantado por Ramírez, “acude al subterfugio de las dietas, no solo en relación con el pago de horas extras en vigilantes, sino para eludir la tributación de parte de los salarios satisfechos”, en palabras empleadas por la propia Fiscalía en su denuncia.
Pagar como dietas (que no tributan) lo que en realidad sería salario otorga al infractor grandes ventajas. Por un lado, se paga menos cotización a la Seguridad Social por estos empleados; por otro, el ahorro de personal sitúa en ventaja a la empresa frente a la competencia a la hora de ofrecer sus servicios. También hay fraude al beneficiarse cada trabajador a la hora de hacer frente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Pendiente de revisión
En cuanto a las cantidades defraudadas, la Fiscalía calcula que son 1.251.000 euros en 2008 y 1.143.000 en 2009, aunque esas cifras pueden elevarse si así lo informan la Inspección de Trabajo y la propia Seguridad Social.
Por lo que respecta a la declaración de ayer, Ramírez negó en todo momento que se hayan abonado horas extra como dietas.
El empresario grancanario, que demostró su conocido don de gentes y su ya dilatada experiencia en los juzgados, explicó que Seguridad Integral Canaria es inspeccionada todos los años y que la Seguridad Social nunca los ha sancionado, así como que ha abonado las cantidades por aquellos casos que no estuvieran justificados debidamente.
La sorpresa de la jornada llegó cuando Ramírez explicó que sus trabajadores ceden de forma voluntaria una hora de su trabajo por el compromiso con la empresa y porque es “un orgullo” para ellos ser de una empresa canaria que está presente en muchos puntos de la Península. Cabe recordar que SIC presta servicio en sitios como el Metro madrileño o el Valle de los Caídos. La cesión voluntaria de derechos de los trabajadores no es legal en nuestro país, pero ya sería un asunto laboral, que no penal.
Ramírez, que ha reforzado su defensa con el exmagistrado José Antonio Choclán, se negó a responder a las preguntas de las acusaciones particulares.
Miguel Ángel Ramírez. | DA
Miguel Ángel Ramírez Alonso (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) es, como describen los anglosajones, un hombre hecho a sí mismo (self made man) que ha levantado un imperio prácticamente de la nada y en un tiempo récord, ya que Seguridad Integral Canaria (SIC) empezó a caminar en 1995.
Dominador del sector de la seguridad privada, dicen sus adversarios (y ahora la Fiscalía y la Agencia Tributaria) que es, precisamente, porque gana los concursos con la ventaja que le da pagar horas extra como dietas. Ayer, no negó que en 2008 y 2009 SIC facturó entre 50 y 55 millones, y que un 60% de sus contratos son con administraciones públicas.
Un informe de la AEAT sostiene que el gasto medio en dietas del sector en 2008 y 2009 fue de 6,37% y 5% en canarias. SIC destinó el 30% y el 27,9% esos años.
Ya ha sido condenado a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, aunque la pena se suspendió hasta que se resolviera su solicitud de indulto, finalmente concedido por el Gobierno. Izquierda Unida denunció que una empresa de Ramírez figura en los papeles de Bárcenas como donante del PP: 50.000 euros en 2011 y el doble el año anterior.
Gana un millón de euros neto anuales, tal y como reconoció ayer en el Juzgado, en concepto de asesor de una veintena de empresas.
Su imperio cuenta con 5.200 trabajadores, de los que 3.200 pertenecen a SIC.
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