Monarquía o república – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

Hace un par de semanas, en la simbólica fecha del 14 de abril, tuvo lugar en Madrid una manifestación convocada por la denominada Junta Estatal Republicana bajo el lema Por la Tercera República. Su menor participación y su discurrir por un perímetro acotado en el centro de la ciudad hizo que la manifestación no paralizara la capital madrileña, que queda colapsada un domingo sí y otro también por diversas manifestaciones, a menudo violentas y con un alto grado de agresividad y destrucción. La derrota de la candidatura olímpica no fue ajena a ese lamentable hecho. En esta ocasión se dio la circunstancia añadida de que el aniversario de la proclamación de la Segunda República en 1931 cayó en lunes, un día laborable, que fue cuando se celebró la manifestación. Su organización convocante, la Junta Estatal Republicana, es un conjunto de pequeñas organizaciones de muy variado signo político, aunque unidas por su republicanismo, si bien al frente de los manifestantes estuvieron los representantes de sus organizaciones más destacadas: Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida, y el secretario general del Partido Comunista de España, el miembro más relevante de la coalición izquierdista, cuyo nombre no es conocido ni siquiera por muchos simpatizantes. Este partido, además de no querer enterarse de que, por fortuna, el muro de Berlín ya cayó y quedan muy pocas dictaduras comunistas en el mundo, quebranta con su republicanismo militante el pacto que suscribió en su día Santiago Carrillo con Adolfo Suárez, y que posibilitó la transición, en el sentido de aceptar la monarquía y la bandera como precio de su legalización.

A su vez, el PSOE respeta esa aceptación, al menos en teoría, y se mantuvo institucionalmente al margen de la manifestación, igual que lo hace de la Junta Estatal, aunque entre los manifestantes había militantes y simpatizantes socialistas.
Según era de esperar, Cayo Lara, en nombre de los convocantes, se declaró a favor de lo que denomina un nuevo proyecto de país, y abogó por un proceso constituyente que culmine en una nueva Constitución, republicana y federal. En su línea de denuncia social, añadió que el poder de los bancos tiene que ser sustituido. El republicanismo español ha sido siempre mayoritariamente federal y no unitario, y su máximo exponente histórico fue el Proyecto de Constitución de 1873, destinado a la Primera República. La Segunda abordó el problema desde otra perspectiva política, y reguló la autonomía en la Constitución de 1931 como una excepción en el seno de un Estado unitario llamado integral. De modo que la Junta Estatal Republicana se encuentra más cerca de la primera experiencia republicana española que de la segunda, pese a que su simbología, sus banderas y sus proclamas reivindican con claridad la segunda.

A la vista de la deriva invertebrada y corrupta de la sociedad española, de nuestra dinámica política y partidista tóxica, y de los déficits de ejemplaridad de la Corona y sus aledaños familiares, no es ningún desatino considerar que la etapa que comenzó con Adolfo Suárez está agotada sin remedio, y que, en consecuencia, se impone apelar al poder originario y constituyente que radica en el pueblo, y convocar unas elecciones constituyentes con el objetivo de elaborar una nueva Constitución, republicana y federal. Una Constitución que formalice y racionalice el federalismo material de máxima descentralización que ya tenemos, y que corrija drásticamente el sinsentido político y económico que suponen las actuales comunidades autónomas, reduciendo sin contemplación alguna su número y sus inútiles instituciones. Pero esta tarea debe ser abordada con la vista puesta únicamente en el porvenir y relegando definitivamente al baúl de los malos recuerdos a las dos Españas, al franquismo, a la memoria histórica, y a todos los demás fantasmas que lastran y han lastrado nuestra personalidad y envenenado nuestra convivencia. Porque debajo de los huesos de los asesinados por los dos bandos en la última guerra civil descansan los huesos de los asesinados en nuestras múltiples guerras civiles anteriores. Y ese es el principal problema del actual republicanismo español. Como se comprobó en la manifestación del 14 de abril, se trata de un republicanismo anclado obsesivamente en la Segunda República y en la extrema izquierda; un republicanismo sectario que concibe la República no en cuanto una apuesta de futuro que nos transforme cualitativamente y modifique nuestros pobres valores políticos y democráticos, sino como una vuelta al pasado que haga ganar la última guerra civil a los que la perdieron.

Y hemos repetido muchas veces que el drama de esa guerra, más allá de la guerra misma, fue que ninguno de sus dos bandos era demócrata ni defendía la democracia, y que la legitimidad electoral de origen que pudiera tener el bando republicano la perdió en su ejercicio totalitario y dictatorial del poder, en sus asesinatos y en su represión, absolutamente iguales a los del otro bando e indistinguibles de ellos. Este anclaje obsesivo en la Segunda República y en la extrema izquierda, este republicanismo sectario ahoga las actuales posibilidades del republicanismo español. Y la figura de Cayo Lara como gran valedor de la República convierte a cualquiera en monárquico.