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Los parricidas de Vistabella, al Tribunal Supremo

   
PARRICIDIO VISTABELLA

Ponce y Sonia en la Audiencia provincial tinerfeña. / J.G. – F.P.

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Los parricidas de Vistabella han recurrido su sentencia al Tribunal Supremo en lo que supone la última oportunidad procesal que les concede nuestro ordenamiento jurídico tras ser condenados tanto por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife como por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como autores de un doble asesinato.

Dicha sentencia les impone una pena de cuarenta años de prisión para cada uno, a razón de veinte por cada víctima, que no son otros sino sus propios hijos: Tindaya, de 11 años y fruto de un matrimonio anterior de la mujer, y Joseba, de apenas 5 y fruto de esta pareja que ya está en los anales de la historia criminal de Tenerife.

Aunque los expertos consultados por este periódico dan por hecho que el Tribunal Supremo desestimará su recurso, apuntan a que el mismo se debe al efecto que conlleva de retrasar un posible traslado a un centro penitenciario de la Península.

Dichos especialistas señalan que, cuando se trata de penas de tan larga duración es habitual que a estos presos se les envíe a otras cárceles, especialmente si se trata de reclusos varones. Como recordarán los lectores, fue en los primeros días del pasado marzo cuando el TSJC decidió al respecto (tal y como adelantó entonces DIARIO DE AVISOS), en lo que supuso la ratificación de la pena impuesta a Sonia y Ponce el Curandero por el asesinato de los dos niños, suceso acaecido el 9 de diciembre de 2011 y descubierto por sus familiares al martes siguiente.

Dicha pena privativa de libertad es la máxima que se les podía imponer dadas las circunstancias del caso. El TSJC también ratificó los 300.000 euros con que cada uno debe indemnizar al padre de Tindaya, hija de un matrimonio anterior de Sonia. Este doble crimen fue el fruto de un pacto asesino gestado desde que en 2003 la pareja se conoció cuando ambos estaban ingresados en la Unidad Psiquiátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Como ya relató este periódico, “en ejecución de este plan, en la mañana del 9 de diciembre de 2011, ambos acusados decidieron y concertaron acabar con la vida de los dos niños para lo cual la acusada le indicó a su hija Tindaya que se fuera a la cama de la pareja, una vez allí se tumbó sobre ella y de manera sorpresiva e inesperada hasta tal punto que le imposibilitó su defensa, le colocó una almohada sobre la cara apretándosela fuertemente para impedir que respirase, manteniendo esta posición hasta que notó que la niña no se movía”.

“El acusado mientras tanto -prosigue la relación de hechos probados recogida en la sentencia- se mantenía en el salón de la vivienda (que tiene comunicación directa con el dormitorio) comprobando que se estaba cumpliendo con el plan”.

“Posteriormente -continúa el relato- la acusada Sonia Aurelia se desplazó a la habitación donde se encontraba Joseba, siendo Ponce consciente de que la intención de la acusada era darle muerte, colocándole, de manera sorpresiva e inesperada hasta tal punto que le imposibilitó su defensa, una almohada sobre la cara hasta que dejó de moverse, tras lo cual Sonia trasladó el cadáver de Joseba al dormitorio de la pareja junto al de su hermana”.