Alarcó, Abreu y Alonso, ayer durante el pleno. | FRAN PALLERO
J. M. | Santa Cruz de Tenerife
El Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife llevó ayer al pleno extraordinario de la Corporación insular una moción en la que se instaba al Gobierno de la Isla a retrasar el proceso de venta del Casino de Playa de Las Américas, en tanto en cuanto no se lograse la restitución del diálogo entre todos los agentes sociales implicados y su estrategia conjunta para las tres entidades. Además, se reclamaba garantizar las condiciones de la plantilla y el fin social desempeñado por esta empresa, con el consenso de todos los agentes sociales implicados.
Finalmente, la moción fue aprobada por unanimidad, aunque su texto fue modificado casi al completo. Asimismo, el documento que contó con todos los votos a favor, refleja que el Pleno se compromete a realizar cuantos esfuerzos sean necesarios para establecer garantías en el proceso de desinversión de los tres casinos, en lo referente al personal, convenios colectivos existentes, mantenimiento de la plantilla, antigüedad y fin social desempeñado por los mismos, responsabilizándose en este último caso a que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de estas sociedades sea una parte importante en el pliego de condiciones, dentro de la estrategia conjunta.
Además, el Pleno del Cabildo manifiesta en la moción su apoyo a la desinversión de las tres empresas, garantizando la transparencia y la libre concurrencia.
Los tres partidos
Pese a las diferentes posturas mantenidas desde que se anunció la intención de vender -de hecho el PP llevó al pleno el retraso del proceso a la par que la Ejecutiva insular del PSOE se manifiesta en contra de la desinversión- finalmente se logró la unanimidad y el acuerdo de las tres formaciones políticas. Los que no se mostraron partidarios de la medida fueron los trabajadores del Casino de Playa de Las Américas, que ayer acudieron a la sesión plenaria. Aún así, el presidente de la Ejecutiva insular Socialista, Rafael Yanes, matizó ayer que este órgano se mantiene contrario a la privatización, “pero acata la orden de la Ejecutiva Regional”.