Viables, pero muy endeudadas
Naviera Armas aclaró hace unos días que no está endeudada y que sus cuentas estas saneadas. | DA
MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife
El tejido empresarial de Canarias se consume. En diciembre de 2007 había 64.769 empresas en el Archipiélago, y en el mismo mes de 2013 solo 54.805. Un total de 9.964 compañías se han quedado por el camino desde que comenzó la crisis. Con la única idea de parar esta sangría empresarial, el Gobierno decidió, a principios del mes de marzo, reformar la ley concursal para dar una segunda oportunidad a todas aquellas empresas que, siendo viables económicamente arrastran grandes deudas.
Para estos casos, la norma lo que plantea es que empresa y acreedores lleguen a un acuerdo, antes de la fase preconcursal por medio de la cual se faciliten los pagos de los créditos, se condone la deuda y los acreedores conviertan parte de la deuda en capital. Es decir, se trata capitalizar las deudas convirtiendo al acreedor en socio.
El experto Juan Tomás Parrilla, de la asesoría Clavijo Rodríguez, declaró que se trata de una fórmula que beneficia a las grandes empresas, ya que, explicó, hay pocos acreedores que quieran asociarse con pequeñas empresas con rentabilidad dudosa. “Es una reforma pensada claramente para medianas y grandes sociedades que tienen una actividad muy rentable, pero que las deudas no las dejan crecer ”, y tampoco legalmente tienen facilidad para reestructurar su deuda. Según los cálculos del Consejo General de Economistas, cerca de 65.000 empresas españolas podrían desaparecer antes del verano al ser incapaces de afrontar sus deudas pendientes. Esta semana saltaron las alarmas cuando el diario Expansión publicaba que cinco grandes empresas, entre ellas tres canarias, Kalise, Freiremar y Naviera Armas, iban a ser rescatadas por la banca que, a su vez, entraría a formar parte de su capital.
De estas cinco, a las que hay que añadir Ros Casares y Cegasa, solo una (Naviera Armas) desmintió que se encontrara endeudada y aseguró que tiene sus cuentas “perfectamente saneadas”.
Parrilla explicó que, para evitar que el dueño de la empresa se niegue a la entrada del acreedor en el capital, la norma preve una serie de sanciones. Ésta llega al punto de que el propietario puede ser declarado “presunto culpable” y, además, tiene el riesgo de perder peso en el accionario. Se le puede obligar a aceptar la refinanciación para evitar el cierre de la empresa.
Los incentivos, en caso de aceptar la capitalización de la deuda son muchos. Por ejemplo, la empresa verá paralizados los embargos pendientes y la liquidez que reciban para continuar su actividad será considerada al 100% del crédito, no al 50%. Además, los bancos podrán liberar las provisiones que habían hecho para cubrir la pérdida esperada por el pasivo, lo que provocará un aumento contable de sus beneficios.
Las empresas presentaron el año pasado en las Islas un total de 345 concursos de acreedores, lo que suponen 76 más que en el año 2012, es decir el 28,3% más en términos relativos, según los datos últimos datos de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el conjunto nacional se registraron, el mismo año, un total de 10.949 concursos de acreedores, cifra que supone un incremento del 6,4 % respecto a 2012 y un nuevo máximo histórico.
Este aumento se produjo a pesar de que en el último trimestre del ejercicio, los concursos cayeron el 12,9%, hasta los 2.419, el primer descenso interanual trimestral desde finales de 2010. Sin embargo, respecto al tercer trimestre del año, las quiebras repuntaron el 2,9 %, con lo que rompieron con la desaceleración intertrimestral registrada desde el inicio del ejercicio. Respecto a 2007 (año en el que empezó la crisis) se registraron 1.589 procedimientos. En el conjunto del año, las regiones en las que se presentaron más concursos fueron Cataluña, con 2.114; Madrid (1.742), Comunidad Valenciana (1.404) y Andalucía (1.265).
Los mayores incrementos correspondieron a Baleares (121,5%), La Rioja (34,7%), Canarias (28,3%) y Madrid (22,3%), mientras que los concursos descendieron en Cantabria (16,8 %), Andalucía (8,3%), Valenciana (7,4%) y Asturias (6,5%).
Socios. Afecta a las empresas en fase preconcursal, no a las que están en suspensión de pagos. Se facilita los aplazamientos en el pago de los créditos, la condonación de deuda y que los acreedores canjeen los pasivos por acciones de la empresa, convirtiéndose en socios.
Acuerdos. Se podrá llegar a pactos colectivos e individuales. No es necesario el informe de un experto independiente.
Beneficios. A todo tipo de empresas, especialmente medias y grandes. El ministerio de Economía espera que la deuda empresarial baje, al menos, en unos 133.000 millones de euros. Dentro de las compañías con una facturación anual superior a los 100 millones, el Gobierno calcula que esta norma puede beneficiar a unas 350 empresas.
Pymes. Las pequeñas empresas se beneficiarán de esta norma, pero llegando al acuerdo individual, es decir que puede pactar un plan de refinanciación con un solo acreedor sin la necesidad de que el resto lo apruebe.
Control. Si los acreedores son bancos y capitalizan la deuda pueden acaparar una buena parte de la empresa. La norma obliga a lanzar una OPA del capital si se supera el 30%, pero establece una excepción para los casos en que se llega al porcentaje al canjear deuda por acciones.
Sanción. Los empresarios que se nieguen serán declarados culpables. Habrá sanciones.
Incentivos. Se paralizan los embargos, los bancos podrán liberar las provisiones que habían hecho para cubrir las pérdidas y, además, tendrán beneficios fiscales; entre ellos, se difiere la tributación de los ingresos por quitas.
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