Los servicios jurídicos corrigen el anteproyecto de la transparencia

El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, en la reunión del Gobierno de ayer. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El anteproyecto de la ley canaria de Transparencia y Acceso a la Información va camino del Parlamento, previa parada en el Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen. El documento recoge una serie de correcciones apuntadas por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. La más significativa implica que el Diputado del Común se desvincula de la tarea de vigilancia.

Con la nueva redacción, competerá a la Cámara legislativa la elección directa del comisionado. Esta figura se define como una “autoridad independiente, a la que se encomienda el fomento, análisis, control y protección de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

La Consejería de Presidencia había atribuido el desempeño de las funciones de comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública al Diputado del Común con el propósito de “no incrementar el número de órganos en la Comunidad Autónoma”. Sin embargo, los juristas han advertido la existencia de una duplicidad administrativa que cuestionaría la pretendida independencia de criterio y crearía alguna contradicción, reconoció ayer el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, al informar de este trámite. Tras casi un año de trabajo, el Gobierno “mantiene la expectativa” de que la normativa entre en vigor a lo largo de esta legislatura. No parece probable que hasta entonces esté listo el portal de transparencia, cuya activación se había anunciado para el primer trimestre de 2014. Entregado el 9 de abril a los grupos parlamentarios, el segundo borrador incorporaba un régimen sancionador por incumplimiento de las obligaciones que incluye la destitución de un alto cargo por infracción muy grave. Como mejora técnica, se amplía el catálogo de los sujetos a partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales.

“La sociedad canaria aspira a contar con instituciones públicas más accesibles y transparentes, más cercanas y capaces de generar sinergias que produzcan beneficio social y económico por el flujo informativo multidireccional”. Así aparece en la exposición de motivos. “La pérdida de confianza de la ciudadanía en la gestión pública ha ido en aumento en las últimas décadas”, se lee en el escrito elaborado por el departamento de Francisco Hernández Spínola.
El BOE publicó el 10 de diciembre la ley básica nacional.