Turismo “afronta” el problema del sector de las viviendas vacacionales
Ricardo Fernández de la Puente, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. | DA
DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
Reticente pero consecuente, el viceconsejero de Turismo anunció ayer que el Gobierno de Canarias está estudiando el problema de los alquileres vacacionales para encontrar “soluciones que garanticen la calidad del producto y la seguridad de los consumidores”. De hecho, el presidente Paulino Rivero recibe esta mañana a la portavoz de una plataforma que reclama la regularización de una actividad económica al margen de la ley y que conlleva una “competencia desleal en perjuicio de los empresarios que pagan sus impuestos”.
En una comparecencia ante la Comisión de Turismo y Nuevas Tecnologías del Parlamento, Ricardo Fernández de la Puente precisó que en ningún caso se va a dejar de inspeccionar y multar. “No hay más remedio”, apostilló.
El viceconsejero se escudó en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias, en la que “se definen las distintas tipologías de alojamiento amparadas por nuestra normativa y entre ellas no figura la vivienda vacacional”. Por eso, concluyó, “la oferta carece de cobertura jurídica”. En su intervención, De la Puente se resintió de la papa caliente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que traspasa a las comunidades autónomas las competencias en esta materia. Él no veía conveniente esta reforma. Pero, una vez consumada, reconoce que no queda otra que aplicarla.
Con matices, los cuatro grupos coincidieron en que hay que hacer algo. La proponente, Claudina Morales (CC), planteó el establecimiento de un registro para controlar una “realidad innegable” y observó que no existe consenso entre los afectados.
Fabián Martín (PIL) valoró que los alquileres vacacionales movieron el año pasado 1.000 millones de euros en las Islas y que en el mismo periodo utilizaron esos servicios 1.300.000 turistas, un 10% más que en 2012.
Lola Padrón (PSOE) recomendó prudencia y Águeda Montelongo (PP) reprochó a Ricardo Fernández que “intente meter miedo” en lugar de facilitar el desarrollo de una “gran oportunidad” de “riqueza y empleo” para los canarios.
En abril, la Junta andaluza aprobó el borrador del decreto para el alquiler vacacional de viviendas de particulares por un tiempo inferior al mes. Entrará en vigor a finales del verano.
La rehabilitación turística contará con un nuevo aliciente cuando se aplique la actualización del Régimen Económico y Fiscal (REF), a partir de 2015. Durante una comparecencia en la correspondiente comisión parlamentaria a iniciativa del grupo socialista, el consejero de Economía y Hacienda informó ayer de la ampliación de los incentivos a la renovación y a las actividades de ocio que incrementen la oferta complementaria del sector.
“Canarias necesita adaptar su planta alojativa obsoleta y mejorar su producto”, resaltó Javier González Ortiz. “De ello depende que nuestro destino sea competitivo y refuerce la posición internacional de liderazgo que ocupa”. El representante del Ejecutivo regional hizo hincapié en que el REF y la ley de renovación y modernización son dos de los instrumentos diseñados para reactivar la economía, con la consiguiente creación de puestos de trabajo. Al respecto, Ortiz recordó que el acuerdo alcanzado con el Gobierno de la nación suprime las restricciones en la reserva de Inversiones en Canarias (RIC) sobre la materialización de los beneficios empresariales en suelo turístico y comercial. Actualmente solo está autorizado en zonas declaradas en declive. En el futuro se permitirá la inversión con arreglo a la RIC en cualquier emplazamiento del Archipiélago; siempre, eso sí, que se vincule a la rehabilitación.
El consejo también mencionó la posibilidad de que las pequeñas empresas o profesionales una sus dotaciones de la RIC con vistas a participar en acciones conjuntas. “Se dará una mayor dimensión y viabilidad a los proyectos”, remachó González Ortiz.
Tras una discusión en torno al sentido del orden del día, la diputada Lola Padrón (PSOE) pidió al empresariado un “esfuerzo” dirigido a la generación de empleo de calidad.
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