Canarias es la única comunidad con una ley en vigor de consultas
La ley canaria pretende fomentar una ciudadanía “activa, participativa y responsable”. | DA
DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
No es un cuerpo legislativo exclusivo sobre consultas, pero el artículo 20 de la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana de Canarias, publicada el 30 de junio de 2010, es único en España. Cataluña tendrá lista su propia normativa para el desafío soberanista del 9 de noviembre, en vista de que el Gobierno de la nación no le autoriza la convocatoria del referéndum de la secesión.
De conformidad con la mencionada ley, y al amparo del Estatuto de Autonomía, el Ejecutivo regional “podrá recabar, a instancias del presidente, la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación”.
La Comunidad Valenciana y Canarias fueron las primeras en aprobar leyes de participación. Sin embargo, solo esta incluye el instrumento que permite consultar a la ciudadanía acerca de cuestiones de especial interés y en el marco de las competencias autonómicas a través de unos cauces que habría que definir.
Así como en las Islas se quiere activar el dispositivo para pulsar el sentir de la calle a propósito de las prospecciones petrolíferas, en Cataluña estaba pensado inicialmente para el pacto fiscal. No obstante, su aplicación inmediata se concretará en la cuestión de la “independencia”.
A diferencia de la ley de referendos impulsada por el tripartido (PSC- ERC-ICV) y suspendida por el Tribunal Constitucional tras el recurso de José Luis Rodríguez Zapatero, la proposición de CiU que se tramita actualmente excluye el consentimiento de la Administración General del Estado y no se regirá por el procedimiento electoral (se podrá utilizar un censo distinto). Su resultado no vincula a la Generalitat y, teóricamente, el ámbito de actuación se limita a los asuntos de trascendencia relacionados con el territorio catalán. Es una ley con trampilla. Tal como se recoge en el documento que previsiblemente se aprobará el 4 de julio, se trata de “regular el régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria de los mecanismos de participación democrática, de audiencia, de diálogo y de consultas populares no refrendarias”.
Dos vehículos con una misma dirección y dos velocidades.
El desarrollo de la Ley de Participación está en manos de una consejería del PSOE, que no la apoyó cuando se votó en el Parlamento. El 8 de junio de 2010, el proyecto fue avalado por los grupos de Coalición Canaria y del PP. Los socialistas se abstuvieron. En esta etapa, el equipo de Francisco Hernández Spínola ha priorizado la Ley de Transparencia, sobre la que sí existe un marco básico nacional.
“Será la potenciación de la participación ciudadana la que nos permita avanzar en la integración y el pluralismo”, proclamó Paulino Rivero en su discurso de investidura del 10 de julio de 2007. “Debe ayudarnos a colocar los retos comunes por encima de las visiones de partido. En esa medida, supone invertir en democracia”. La participación constituyó para aquel Gobierno (PP-CC) “uno de los pilares básicos para la mejora de la calidad democrática”, escribió el entonces consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, en la memoria interna (2009-2010), a la que ha accedido este periódico.
“La ley facilitará a todos los canarios su derecho a participar y su derecho a tener una Administración transparente”, subrayaba el hoy presidente del grupo nacionalista. Al mismo tiempo, añadía Ruano, “permitirá a los poderes públicos comprobar el grado de aceptación y aplicación de las políticas del Gobierno en su calidad de vida”.
Desde un principio, el proceso participativo -“la primera ley canaria que se construyó con las aportaciones de la ciudadanía”- involucró a un elevado “número de personas, instituciones, asociaciones, organizaciones sociales y económicas de la Comunidad Autónoma para promover un debate amplio, fluido plural y ordenado sobre la necesaria implicación ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas públicas”.
De noviembre de 2008 a marzo de 2010, fueron citados 7.251 colectivos distribuidos en 20 reuniones: una en cada isla no capitalina (en los respectivos cabildos) y algunas más en Tenerife y Gran Canaria por sectores. Se recibieron sugerencias a través de diversos canales: orales, escritas y vía tecnológica.
El objeto de esta ley no es otro que el de “fomentar la participación ciudadana, tanto de forma individual como colectiva, en la actividad administrativa de la Comunidad, así como en la vida económica, política, cultural y social”. Su poder radica en el deber de cumplir los derechos.
Deberes. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias “adecuará” sus estructuras para que el derecho de participación ciudadana sea ejercido de forma real y efectiva. Además, promoverá la creación de códigos de buen gobierno a fin de que el personal a su servicio garantice el ejercicio del derecho de participación ciudadana. También creará códigos de buenas prácticas para conseguir una “ciudadanía responsable y democrática”.
Derechos. Las administraciones públicas “garantizarán” el derecho a la información sobre el ejercicio de sus competencias y sobre aquellas cuestiones de especial interés, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y con los únicos límites que fija la Constitución. Asimismo, la ciudadanía estará en su derecho a conocer y a ser informada de las iniciativas de actuación pública en el ámbito administrativo en los términos que establece esta ley.
Registro. Se abre el Registro de Participación Ciudadana, en el que podrán apuntarse las personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan unos requisitos para ser reconocidas como entidades ciudadanas y la ciudadanía. La inscripción otorgará el derecho a ser parte activa en los instrumentos de participación ciudadana.
La red. Como instrumento singular de apoyo, la Red de Participación Ciudadana ofrecerá un espacio de comunicación, trabajo y encuentro entre las entidades ciudadanas, y entre estas y los ciudadanos en general. Un Centro de Información y Documentación facilitará el intercambio de datos y conocimientos estimados relevantes.
Instrumentos. Son instrumentos de participación: consultas a la ciudadanía (sondeos, encuestas…), foros de consulta (escenarios de debate y análisis de las políticas públicas), foros de consulta (ciudadanos y representantes de entidades ciudadanas inscritos en el registro), paneles ciudadanos (información constante e inmediata) y jurados ciudadanos (valoración de la eficacia de una iniciativa).
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