Canarias pierde 204 médicos en 18 meses por las jubilaciones forzosas

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Los hospitales han perdido algunos de sus mejores profesionales. | F. P.

Aprobado como Real Decreto-Ley en 2012, con el objetivo de dar estabilidad presupuestaria al país, el Gobierno del PP impulsó la jubilación forzosa del personal funcionario de las administraciones a los 65 años, siguiendo la Ley 4/2012 de medidas administrativas y fiscales que preceptuaba la jubilación del personal estatutario y docente no universitario o la Ley 55/2003, que fijaba los planes de ordenación de recursos humanos. Esta controvertida medida, que todavía hoy continúa en los tribunales, ha afectado especialmente a sectores como el sanitario, ya que ha provocado que un tercio del personal de los hospitales y centros de salud se ha visto obligado a dejar la actividad.

En el caso de Canarias, con las ratios de profesionales de la medicina y la enfermería más bajas del país, la situación es especialmente delicada, como han venido denunciando los sindicatos y colegios oficiales. Y es que, según datos aportados por la propia Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico, desde el 1 de enero de 2013 al pasado martes 10 de junio en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) se jubilaron un total de 204 facultativos, más del 10% del total de la plantilla de médicos con la que cuenta el Archipiélago.

La proyección de esta pérdida de profesionales, según aseguran desde el Sindicato Médico (CESM) y el propio Colegio Oficial de Santa Cruz de Tenerife (COMTF), supondría que a finales de 2016 las Islas perderían 400 facultativos más, un 20% del total. Estos, en teoría, deberían ser suplidos por médicos residentes en las distintas especialidades en las que estos se han formado, algo que hasta el momento no se ha producido.

De hecho, la propia consejera Brígida Mendoza confesó recientemente en el Parlamento regional que “hay áreas en las que está habiendo problemas para encontrar especialistas”, como pueden ser los casos de Radiología, Dermatología, Reumatología, Neurología o Traumatología.

Este déficit es todavía más acusado en las islas menores, donde resulta mucho más difícil cubrir las plazas que han dejado vacantes médicos que llevaban más de dos décadas ejerciendo. “Muchos médicos a los que han obligado a jubilarse están trabajando ahora en centros privados, lo que demuestra su valía, su prestigio y la calidad del servicio que prestan”, denotan desde el colegio tinerfeño, donde dejan claro que el único objetivo que persigue la Consejería de Sanidad es “el ahorro económico”.
Una afirmación que suscriben desde el Sindicato Médico en la provincia, donde recuerdan que “la normativa estatal que recoge las medidas para contener el gasto público establece que las comunidades autónomas solo podrán incluir el 10% en la oferta de empleo público que se convoque”. Algo que ya ocurrió el año pasado, cuando se aprovecharon las jubilaciones del SCS para añadirlas en las oposiciones de la Consejería de Educación.

En la orilla opuesta, desde el departamento que dirige Brígida Mendoza reiteran que estas jubilaciones forzosas “derivan de la aplicación de lo previsto en una disposición adicional de la Ley de Presupuestos para 2013, tratándose de un supuesto de aplicación al caso concreto de la decisión del poder legislativo otorgado por el constituyente a las comunidades, a lo que está obligada la Administración autonómica”.