EUROPA PRESS / J. L. CÁMARA | Madrid / Santa Cruz de Tenerife
Canarias está dispuesta a echar un pulso al ministro de Educación, José Ignacio Wert, en lo que se refiere a la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y en su batalla ha encontrado aliados en los gobiernos de Andalucía y Asturias. Los responsables de los departamentos educativos de las tres regiones escenificaron su unión en una rueda de prensa conjunta celebrada ayer en Madrid, en la que exigieron a Wert que convoque una Conferencia Sectorial de la materia para concretar la financiación de aspectos contemplados en la LOMCE, como la FP Básica.
En este sentido, el consejero canario de Educación, José Miguel Pérez, y sus homólogos de la Junta de Andalucía y del ejecutivo asturiano denunciaron que el Ministerio pretende que en septiembre la FP Básica esté en marcha “sin saber qué coste económico tienen esos estudios”. Pérez lamentó que las comunidades no sepan todavía de cuánto dinero van a disponer para estos estudios y censuró que el Gobierno del PP diga que para los mismos se contarán con 1.700 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo, cuando este fondo “no copaga gastos estructurales como son estos”. “En 2017 podríamos encontrarnos con que Bruselas nos exige la devolución de ese dinero”, advirtió el vicepresidente del Ejecutivo isleño, quien insistió en que “si el Ministerio impone nuevas cargas tendrá que asumir también su financiación; queremos que no nos engañe y saber si tiene consolidadas esas cantidades o si son préstamos a devolver por las comunidades”.
El Ministerio pretende que en septiembre la FP Básica esté en marcha “sin saber qué coste económico tienen esos estudios”
Tanto José Miguel Pérez como los consejeros asturiano y andaluz mantuvieron que a estas alturas no pueden decirles a las familias de los estudiantes cómo se va a pagar la que, además, es “una de las piedras angulares del Gobierno central para expulsar a parte del alumnado que se considera molesto”, según la definió la titular asturiana, Ana González. “Es un viaje a ninguna parte”, espetó su homólogo andaluz, Luciano Alonso.
Ambos, junto a José Miguel Pérez, se mostraron especialmente preocupados por la reflexión que Wert ha pedido en torno a la introducción del copago en los niveles no educativos. “Cada vez que nos manda reflexionar, los demás temblamos”, señaló Luciano Alonso, que coincidió con sus compañeros en que el ministro usa una “deliberada estrategia” para introducir el debate sobre el copago.
Los responsables de las tres comunidades también fueron unánimes en su oposición a la medida. “En nuestras regiones no habrá copago, si lo podemos evitar en toda España lo evitaremos, pero en nuestras comunidades no lo habrá”, dijo el también vicepresidente del Gobierno canario, que alertó de que el mismo “altera el pacto constitucional”, puesto que la educación es un “derecho fundamental”.
En esa línea, José Miguel Pérez confía en que el Supremo les dé la razón en la suspensión de los primeros decretos de desarrollo de la LOMCE, aunque antes Canarias pondrá en marcha medidas “paliativas” contra la reforma. Entre ellas, el mantenimiento de Educación para la Ciudadanía y de la Educación Artística, incluida la musical, y establecerá una ratio máxima de 20 alumnos por aula y no de 30 como señala la nueva ley.