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Diez dependientes canarios dejan de ser atendidos cada día desde 2011

   
Miles de ancianos continúan sin recibir la prestación. / FRAN PALLERO

Miles de ancianos continúan sin recibir la prestación. / FRAN PALLERO

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Aprobada a bombo y platillo por el PSOE en el año 2006, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se ha convertido en uno de los grandes fiascos con el que han tenido que lidiar tanto los gobiernos sucesivos como las comunidades autónomas, incapaces de resolver muchas de las dudas y contradicciones que ofrece el sistema. Este, además, se ha visto lastrado por las restricciones presupuestarias, lo que entre otras cuestiones ha provocado que cada vez sean menos los beneficiarios con derecho a prestación.

En Canarias, una de las regiones con más problemas a la hora de implementar y desarrollar la ley, desde 2011 se ha reducido casi un 20% el número de personas con derecho a ayuda. En concreto, según los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el sistema ha dejado de atender a más de 10 dependientes isleños (321 al mes) cada día desde hace tres años (al menos en los últimos 29 meses). No en vano, de los 32.640 beneficiarios canarios con derecho a prestación, se pasó a 23.633 el 30 de abril, fecha del último informe publicado por el Imserso.

A nivel nacional, y aunque el Ministerio insiste en negar la mayor, las cifras son igualmente reveladoras. Así, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha perdido 2.933 beneficiarios en lo que va de año, lo que supone que cada día se dejó de atender a unas 165 personas. Y es que, según expone el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, “resulta ya irrefutable, se mire por donde se mire, que el actual Gobierno ha destrozado el sistema de atención a la dependencia. Los últimos datos publicados arrojan un balance tan lamentable como, por desgracia, poco sorprendente, ya que este observatorio anunció sus sospechas de manipulación de los datos para favorecer el balance anual a finales de 2013; un balance que, tarde temprano, tendría que adecuarse paulatinamente a la realidad, so pena de resultar escandalosa la distorsión de los datos”, recalcó José Manuel Ramírez.

En el Archipiélago, como publicó este periódico el pasado mes de mayo, más de 10.000 dependientes esperan el dictamen de valoración y cerca de 12.000 beneficiarios todavía no han empezado a cobrar la prestación que tienen reconocida. En el primer caso, la cifra ha aumentado en más de 600 personas respecto al dato contabilizado en abril de 2013, por lo que en la mayor parte de los casos se trata de dependientes que llevan más de un año esperando ese dictamen. Por si esto fuera poco, Canarias continúa estando en última posición en la ratio de prestaciones por personas en situación de dependencia. En total, hasta el pasado 30 de abril en las Islas había 11.500 dependientes beneficiarios con prestaciones, la mayor parte de ellos con cuidados familiares (5.592), en centros de día y noche (2.676) y en atención residencial (2.687).
En cuanto al número de personas con derecho reconocido en España, la cifra resulta aún más escandalosa, ya que actualmente tendrían derecho a atención un total de 918.506 personas, cuando en diciembre de 2011 el número de dependientes con derecho a ser atendidos era de 1.044.528, lo que supone 126.022 personas menos. “Como hemos indicado en repetidas ocasiones, el fenómeno de la desaparición de personas dependientes del sistema, reciban o no atenciones, tiene como consecuencia lógica la disminución de la lista de espera o limbo de la dependencia”, recalcó el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, quien recordó que los responsables ministeriales “se empeñan en tratar a las plataformas de afectados y a la comunidad científica y profesional como si fuéramos imbéciles, apuntándose repetidamente el tanto de la rebaja de la lista de espera como un éxito de gestión, cuando lo que evita el Imserso en sus comentarios es poner el dato del número de personas pendientes de recibir prestación en relación con el número de personas atendidas”.
La conclusión evidente, según José Manuel Ramírez Navarro, es que la reducción del número de personas pendientes de recibir prestación no se debe a un incremento en la atención, sino a su desaparición de las listas bien por pérdida del citado derecho, o bien por fallecimiento sin haber recibido atención, dada la parálisis a que se ha sometido al sistema”. “Resulta indignante además ver cómo el Imserso realiza esta y otras curiosas interpretaciones junto con las estadísticas oficiales cada mes, de forma reiterada y no pactada en ningún momento con los ejecutivos autonómicos, que son quienes en efecto deben gestionar las atenciones”. “Lo mínimo que esperamos y exigimos de la información ofrecida por el Ministerio es seriedad y rigor, especialmente para quienes padecen los rigores de las mejoras introducidas en el sistema en forma de desatención y desidia”, denotó José Manuel Ramírez, quien pidió a la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, “que asuma su responsabilidad y dimita”.

Una interminable espera por el dictamen

-El Ministerio ha dejado claro en muchas ocasiones que el número de personas con prestación reconocida varía con frecuencia, como consecuencia de la nuevas incorporaciones al sistema y de las bajas que se han producido. A este respecto, según informó la Consejería de Políticas Sociales en dos respuestas parlamentarias el año pasado, en la Comunidad Autónoma Canaria el promedio de meses que transcurren desde la solicitud de prestación hasta la resolución del reconocimiento, esto es, la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), es de 22,2 meses, casi dos años de media.

-Por islas, los solicitantes de Fuerteventura, con 23,5 meses, encabezan el tiempo de espera. Le siguen los residentes en La Palma (23 meses), Tenerife (22,7), La Gomera (21,8), Gran Canaria (21), El Hierro (20,3) y Lanzarote, la isla mejor posicionada, con 17,6 meses. La espera media, según la propia Consejería, es de 11 meses.