No hubo sorpresas. El debate en el pleno del Congreso de los Diputados sobre la abdicación del rey y su sustitución por su hijo y heredero, el PrÃncipe de Asturias, conforme a las previsiones de la Constitución de 1978, se atuvo a la hoja de ruta anunciada hace dÃas por los partidos polÃticos. Una más que confortable mayorÃa absoluta apoyó, simple y llanamente, el cumplimiento de la ley. Con ello, la Corona pasa a Felipe VI. Una minorÃa dijo no, lo cual resulta jurÃdica y polÃticamente incomprensible porque, de haber triunfado esa tesis, don Juan Carlos tendrÃa que continuar obligadamente en el ejercicio de sus funciones como titular de la Corona y jefe del Estado, en tanto don Felipe de Borbón deberÃa permanecer en la sala de espera sucesoria hasta quién sabe cuándo. El reino del absurdo y la contradicción de las contradicciones por parte de quienes se proclaman republicanos o no monárquicos y aprovechan el debate parlamentario para traer a colación algo que no procede en este momento -porque serÃa anticonstitucional-, como es la celebración de un referéndum para elegir entre monarquÃa o república. Un reducido conjunto de diputados se abstuvo en la votación como si el asunto no fuera con ellos. Otra postura lamentable ya que resulta difÃcilmente entendible un voto no comprometido cuando en el fondo -insisto sobre este particular- tan solo se trata de dar cumplimiento al texto constitucional. Pero tanto o más grave que decir no o abstenerse es lo que el hecho mismo supone: nada menos que faltar al juramento o promesa de acatamiento de la Carta Magna, que obliga a todos los diputados. Porque, efectivamente, estos parlamentarios han contravenido sus obligaciones legales al saltarse la letra y el espÃritu de nuestra ley de leyes. Lo cual dice muy poco del talante, el rigor y el sentido del deber de estos representantes populares, que incumplen nada menos que el libre compromiso que adquirieron al tomar posesión de su cargo: cumplir la Constitución. Lamento apuntarlo, pero estos diputados ni han estado a la altura de las circunstancias, ni han sabido dar lustre a un acontecimiento histórico de primera magnitud. Para la monarquÃa parlamentaria, pero, sobre todo, para el presente y el futuro de España, basado desde 1978 en la democracia y la libertad.