La ley que necesitamos – Por Antonio Alarcó*

Ya lo decía el historiador romano Tito Livio: “Ninguna ley puede contentar a todos”. Y en este caso, el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) no está exento de esta sentencia por eso hay que explicar las razones que han llevado al Gobierno de España a elaborarla. Hablamos de una medida adelantada en la Estrategia Española de Política Económica 2012 cuyo objetivo es aportar más competencia y flexibilidad a la economía, ayudar a contener los márgenes y costes empresariales, mejorar la calidad de los factores productivos y facilitar la asignación de recursos hacia los sectores más competitivos.

Además, responde a una recomendación que diversos organismos internacionales han hecho a nuestro país para garantizar incrementos de competitividad y crecimiento, como así lo aseguran el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como la adaptación a la Ley Ómnibus. En cuanto a los beneficios económicos, la norma impulsará la competitividad y la calidad en los servicios profesionales, que representan casi el 9% de nuestro Producto Interior Bruto, el 6% del empleo total y el 30% del empleo universitario. Si a esto le añadimos que las estimaciones de crecimiento económico a medio y largo plazo se elevarán en 7.000 millones y que la liberación tendrá efectos positivos sobre el conjunto de la economía adicional del PIB entre 0.5 y 1 puntos porcentuales, entenderán que como portavoz de Desarrollo e Innovación en la Comisión de Economía y Competitividad del Senado la califique como necesaria. La LSCP pretende eliminar obstáculos al acceso y ejercicio de la actividad en un número elevado de actividades profesionales, trabas que una vez superadas acabarán redundando en un incremento de la economía española y de la generación de empleo.

Una divulgación en Internet no oficial sobre este Anteproyecto suscitó una serie de reacciones críticas que nos preocuparon y nos llevó a crear en el Senado una comisión ad hoc para dar a conocer el texto real a los diferentes colectivos y colegios profesionales. Fruto de estos encuentros, elaboramos un sumario con ideas y reflexiones que hemos puesto a disposición del Ministerio de Economía porque entendemos que este sector es relevante, importante y dinamizador de la economía y por tanto era necesario recoger sus peticiones y adaptarse a las directivas europeas de obligado cumplimiento. Si algo hemos dejado patente durante estos encuentros es que la regulación actual era susceptible de mejora, aunque los colegios profesionales están realizando una magnífica labor.

De todas formas, el Ejecutivo central se ha marcado cuatro grandes objetivos que pasan por mejorar la regulación de los servicios profesionales, por garantizar la unidad de mercado en la prestación de servicios profesionales, por modernizar la normativa de los colegios profesionales, y por adaptar la normativa sectorial a la reforma de los servicios profesionales.

En el Senado hemos estado siempre a favor del consenso y así lo atestiguan las numerosas reuniones, comparecencias así como la aprobación de una moción en la que se pedía al Gobierno mantener el diálogo con las representaciones profesionales españolas para lograr un acuerdo básico en esta futura ley.

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