Petróleo – Por Leopoldo Fernández

Además de rayo que no cesa, el asunto del petróleo es la sublimación del despropósito. La obstinación en el disparate. La antología de la incoherencia. El agarradero del populismo más abyecto. La intransigencia de la palabrería. Todo lo que se diga es poco. La incoherencia llega a tal grado que el petróleo que ayer era bueno y, de existir, había que extraerlo del subsuelo marino “con los ojos cerrados”, hoy es la bicha, el no va más de los peligros, el mayor enemigo de Canarias, el prototipo de actividad incompatible con el turismo, aunque no pocos países -lo acreditan incontables ejemplos- han logrado la lógica convivencia y armonía de las dos. Gracias al petróleo llegan a Canarias doce millones de turistas al año. Gracias a él tenemos electricidad y comodidades en negocios y viviendas. Gracias a él funciona la industria. Gracias a él se mueven guaguas, coches y motos. Gracias a él las Islas progresan. Pero todo esto no importa. Ni siquiera se desea comprobar si lo hay en nuestras aguas y, de haberlo, si sería rentable su explotación. Lo que cuenta es la demagogia, el embaucamiento del pueblo, el aliento de las protestas y manifestaciones ciudadanas, incluso sumarse a ellas con ligereza extrema. Con el Gobierno canario a la cabeza de la algarada, para dar la nota. Los asuntos verdaderamente importantes como el paro, la pobreza, la corrupción, la credibilidad de la política o el pésimo funcionamiento de algunas instituciones no cuentan. Lo que interesa, aunque Marruecos perfore al lado mismo de la mediana en busca del oro líquido, es machacar una y otra vez sobre un inútil plebiscito que dividiría a los canarios como si fuera un nuevo pleito insular. Se rechazan en el Parlamento las iniciativas legislativas populares, sin ni siquiera permitir su debate, pero se apela luego a una Ley de Participación Ciudadana con el señuelo de, ante el no de Madrid al referéndum, organizar aquí una consulta popular sobre este asunto acerca del cual Canarias no tiene ninguna competencia. Y ya, en el colmo del dislate, el principal asesor del presidente Rivero propone expropiar los derechos legítimamente adquiridos en concurso público por Repsol y sus socios, eso sí, pagando el Ejecutivo central. Claro que, dentro de la ley, se puede protestar o mostrar disconformidad con el petróleo. Esa es la grandeza de la libertad. Pero a las autoridades les es exigible un plus de responsabilidad y sentido común, mucho más que el derecho al pataleo. Y aunque el Gobierno central, el ministro Soria y Repsol y sus socios hayan hecho las cosas rematadamente mal, las autoridades canarias deberían actuar con sensatez y ejemplaridad, no con mayor irresponsabilidad y visceralidad que la que se manifiesta desde instancias peninsulares.