La privatización de AENA – Por Francisco Pomares

El Gobierno Rajoy ha decidido abrir AENA a la participación privada, en un 49 por ciento de su capital social. La duda razonable ante esta decisión es si se trata -como bien parece- de una privatización encubierta, a realizar en dos fases. En la primera se cuela capital privado minoritario -a un punto de la mayoría- en la gestión de los aeropuertos españoles, capital que (hay que decirlo) no entraría en una empresa que solo este año -qué casualidad- ha salido de pérdidas, y mantiene aún un agujero de 12.000 millones de euros. No entraría, digo, sin garantías de que va a poder hacerse cargo de la gestión aeroportuaria. En una segunda fase, se modificaría el sistema de gestión o las mayorías, y AENA pasaría a ser directamente privada.

De momento, de lo que se trata es de hacer caja y de entregar los aeropuertos a empresas próximas al Gobierno, de acuerdo con el modelo que defiende el PP. Es legítimo defender ese modelo de gestión privada: probablemente, la gestión privada evitaría las pérdidas de AENA, a costa -por supuesto- de reducciones de salario y de personal y ajustes importantes en la calidad y servicio de los aeropuertos, además del cierre de los menos rentables, como los de El Hierro, La Gomera y La Palma. Defender la gestión privada es una opción legítima, pero no lo es colar la privatización por la puerta falsa y engañar a la ciudadanía sobre las intenciones de este proceso.

Ante la negativa de la ministra Pastor a informar, a pesar de la solicitud formulada en octubre por Coalición Canaria, el Gobierno Rivero puede -y debe- reclamar el traspaso de los aeropuertos, previsto en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía. Hay argumentos para reclamar ese traspaso si el Estado se abre a la participación privada. Y a quienes plantean que aún no es el momento para reclamar las competencias aeroportuarias, habría que recordarles que mañana, con el 49 por ciento de la empresa en manos privadas, la solicitud será mucho más compleja y afectará a derechos de terceros no contemplados en nuestro Estatuto. Ahora es el momento de pedir que los aeropuertos canarios pasen a Canarias. Por ellos circulan casi la misma cantidad de gente que entra y sale de Barajas. Y son globalmente rentables, a pesar de que los de las islas menores de la provincia occidental sean deficitarios. Es, pues, el momento de acudir al Constitucional con una causa bien armada. En otras ocasiones Canarias ha llevado asuntos muy menores al Constitucional. Ahora es una cuestión vital.