Rechazo unánime al proyecto de legalización del alquiler vacacional

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal (izq), junto al secretario de hostelería de CC.OO., Manuel Fitas. | F. P.

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

La patronal turística y el sindicato mayoritario del sector de la hostelería rechazaron ayer de forma unánime el proyecto de legalización del alquiler vacacional en Canarias en el que trabaja actualmente el Gobierno regional porque supone “una competencia desleal” y distorsiona la imagen del Archipiélago.

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, y el secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO Canarias (Fecoht-CCOO Canarias), Manuel Fitas, realizaron una insólita puesta en escena compareciendo conjuntamente en una rueda de prensa para dejar bien claro que están en contra de este proyecto y pedirle al Ejecutivo “responsabilidad” para salvaguardar al único sector que está manteniendo y creando empleo en el Archipiélago.

Marichal fue tajante en este asunto. “No se trata de dos o tres propietarios que alquilan su vivienda para poder vivir tal y como cuentan; estamos hablando de segundas o terceras residencias o incluso de auténticos complejos de inmuebles. Un verdadero negocio encubierto sin obligaciones fiscales que puede provocar un desaguisado en el sector”.

“Son muchos los turistas”, prosiguió, “que se quedan colgados o que alquilan una vivienda que después no es lo que realmente pagaron, y esto provoca una imagen muy mala de la Isla que, al final, pagamos todos”. El presidente de la patronal insistió en que hay que separar el uso turístico del uso residencial y cumplir la legislación y señaló que en aquellos lugares donde se legalizó esta actividad, “ahora se están volviendo atrás porque se están encontrando con auténticos problemas”. Y citó a las comunidades de propietarios que se encuentran con turistas en viviendas residenciales “Estos propietarios quieren tener todos los derechos de los establecimientos extrahoteleros, pero ningún deber, lo que significa una competencia desleal de cañón”. Además, “no sólo no genera empleo, pues en muchos casos se realiza en el marco de la economía sumergida, sino que amenaza los puestos de trabajo legalmente existentes”.

Por su parte, Manuel Fitas aclaró que podrá estar en desacuerdo con muchas actuaciones de la patronal, “pero si hay una cosa en la que estamos de acuerdo es en la defensa del sector turístico”. Por este motivo, pidió al Ejecutivo más control para atajar este tipo de negocios e informó que ya se han levantado 7.500 actas por infracciones de este tipo. Fitas detalló que ya han recabado el apoyo vía carta de 88 comités de empresa de establecimientos turísticos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y Lanzarote, que representan un total de 11.236 trabajadores. Marichal mostró su preocupación al Gobierno y le pidió la defensa firme de la oferta legal de la hostelería en Canarias, “que es la que genera empleo”.