Ruz señala que las obras de Génova podrían ser delitos de fraude y falsedad

Sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. | E.P.

EUROPA PRESS | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha constatado que las obras que se llevaron a cabo entre los años 2005 y 2011 en la sede del Partido Popular (PP) en la calle de Génova de Madrid podrían ser constitutivas de un delito de fraude fiscal y otros de falsedad documental y contable. Así consta en un auto en el que el juez cita a declarar como imputados el 7 de julio a la socia y tres antiguos trabajadores de la empresa Unifica Servicios Integrales, que llevó a cabo los trabajos. Se trata de Belén García, socio del director gerente de la empresa, Gonzalo Urquijo; Laura Montero, que fue directora de Proyectos de Unifica; María Rey, jefa de la obra; y Claudio Montero, jefe de Proyectos en 2008 Al día siguiente declararán como testigos el exjefe de Seguridad del PP y cuñado del extesorero Luis Bárcenas, Antonio de la Fuente; el cajero de la formación Luis Molero; y otros dos empleados del estudio de arquitectura.

El magistrado tomó esta decisión después de que un informe de la Agencia Tributaria y otro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apuntaran que el PP pagó una parte de las obras con dinero negro que podrían corresponderse con los apuntes de 888.000 euros que Bárcenas anotó en su contabilidad B como salidas para Urquijo. Los dos informes vienen a constatar, según el juez Ruz, “la realidad de los apuntes contables” consignados por Bárcenas en relación con las obras del PP y su carácter delictivo, ya que “en algunas plantas del edificio las obras se iniciaron sin existir presupuesto aprobado por ambas partes y en otras ocasiones el presupuesto presentado en el Colegio de Arquitectos no coincidía con el supuestamente acordado entre el PP y Unifica”.

Ruz destaca que, según acreditan varios mails de Unifica, en cuatro plantas del edificio se elaboraron “dos certificaciones finales” de las obras, “una que correspondía a la factura girada y otra, de cantidad superior, que supuestamente a respondía al precio real del proyecto”. El informe de Hacienda, que por mandato de Ruz únicamente analiza los delitos fiscales que habría cometido el estudio de arquitectura y no el PP, sostiene que la diferencia entre unas certificaciones y otras se habría abonado con dinero B. La documentación incautada en septiembre en Unifica pone de relieve un descuadre de 211.160,77 euros en las facturas correspondientes a las obras de la planta segunda, de 274.880,35 en las de la quinta, de 256.426,33 en las de la tercera y de 217.879,75 en las del cuarto piso.