Santa Cruz irá a los tribunales si se insiste en derribar el Pérez Minik

YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife

La reunión que ayer mantuvieron la Concejalía de Cultura del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz no sirvió para que ambas administraciones lograran acercar posturas sobre el posible derribo del antiguo Teatro Pérez Minik, en el santacrucero parque cultural Viera y Clavijo. Según informó el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, el Gobierno mantiene su intención de proceder al derribo de lo que queda del inmueble en un plazo de 60 días y da un mes de plazo para el desalojo de las personas que en la actualidad viven allí, tal y como comunicó la pasada semana en una resolución, a lo que el Ayuntamiento se niega.

En en el encuentro, en el que también estuvieron el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, el director general de Cultura del Gobierno, Xerach Gutiérrez, y técnicos de ambas administraciones, el Consistorio local trasladó su negativa tanto al desalojo como al derribo. “Hemos pedido a nuestros servicios jurídicos que haga un informe cuestionando la legalidad del procedimiento que se ha seguido -explicó Martín-, que a nuestro juicio no cumple con la ley de Patrimonio Histórico de Canarias, faltan autorizaciones, la licencia del Ayuntamiento, así como la declaración de ruina”.

José Ángel Martín: “No vamos a desalojar a nadie ni en un mes ni por la fuerza”

El edil apuntó que si el informe demuestra que el procedimiento no es el adecuado “y ellos se mantienen en su posición, presentaremos un recurso contencioso-administrativo, porque no vamos a permitir sin luchar que eso se demuela como ellos quieran”.

El concejal calificó de “temeridad” que el Gobierno de Canarias mantenga su decisión “saltándose absolutamente el procedimiento que marca la ley”. “Parece que ellos tienen su decisión tomada y, pase lo que pase, van a seguir adelante”, enfatizó.

El trámite correcto
Desde la Consejería de Cultura consideraron que se ha seguido el trámite legal y entienden que “hay una situación de emergencia” por peligro de derrumbe de lo que queda del antiguo teatro. Sin embargo, manifestaron que el Ayuntamiento está en su derecho de presentar un recurso contencioso-administrativo si no está de acuerdo con la postura del Gobierno.

En cuanto al plazo de un mes para el desalojo de las personas que ahora mismo viven en el antiguo teatro, el Consistorio trasladó al Ejecutivo que “no vamos a desalojar a nadie porque no es nuestra manera de hacer las cosas, porque en todos los sitios donde tenemos una situación de okupas trabajamos con las personas para intentar ir sacándolas poco a poco, pero no en el plazo de un mes ni por la fuerza, porque no es nuestro estilo”, explicó Martín.

Al respecto, desde la Consejería de Cultura indicaron que el Ayuntamiento es el que debe proceder al desalojo y que el Gobierno no tiene capacidad como administración porque el inmueble es del Consistorio.

De momento, ambas administraciones no han puesto una nueva fecha para volver a reunirse. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento trabajarán ahora en la elaboración del informe sobre la legalidad o no del derribo del antiguo teatro.