Se acumula trabajo – Por Isaías Lafuente

Después de 39 años de reinado y 36 desde la aprobación de la Constitución, la abdicación del rey Juan Carlos nos ha pillado con los deberes sin hacer. Sus últimos años de reinado habían encendido señales que avisaban de la posibilidad de que esta decisión se produjese, aunque él lo negase una y otra vez. La Constitución ordenaba legislar sobre los procedimientos de abdicación y renuncia, pero la desidia impidió hacerlo. De tal manera que ahora, cuando el anuncio se ha producido, ha habido que improvisar sobre la marcha, dictando una ley orgánica que quizás hubiera sido prescindible para resolver la sucesión actual pero que por su brevedad no establece procedimientos generales para el futuro, mientras se deja a la intemperie al actual monarca por no haber desarrollado el estatuto de un rey cesante, como no se hizo en este tiempo el estatuto del príncipe o princesa herederos.

Tampoco hemos hecho nada por eliminar de la Constitución el inconstitucional principio de preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. Y claro, si no nos hemos atrevido a afrontar reformas imprescindibles en relación con la monarquía, como para plantear abiertamente el debate sobre la república. Ahora, por razones de oportunidad o de oportunismo según quien las plantee, se ha vuelto a suscitar. Y no deberíamos tener miedo a abordarlo. Quienes han anunciado que votarán en contra en el Congreso la ley de abdicación deberían recordar que no votan contra la sucesión de Felipe ni contra la monarquía, sino que, paradójicamente, le están diciendo al rey actual que no abdique: de eso va la ley.