La totalidad de preferentes se recuperan en los juzgados

El abogado tinerfeño Carlos Gómez. / DA

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Hace poco más de año, el especialista de referencia de DIARIO DE AVISOS en el caso de los productos tóxicos comercializados por la banca entre su clientela, el letrado tinerfeño Carlos Gómez, alertaba sobre el riesgo que suponían los arbitrajes propuestos por las entidades a la hora de recuperan el dinero invertido en participaciones preferentes. Pasado el tiempo, Gómez revela que en su bufete, Sirvent&Granados, “se han ganado todos, absolutamente todos los casos de reclamación que hemos planteado y que ya han sido sentenciados”.

Las palabras de Gómez viene a cuento después de que la propia Comisión Nacional de Valores reconociera la semana pasada que sólo un 5% de este tipo de reclamaciones por las preferentes han sido rechazadas en los tribunales, lo que confirma aún más si cabe que para los afectados es preferible la vía judicial.

“Este pequeño porcentaje que da la CNMV -explica el abogado- se deben, a buen seguro, de que hay grandes empresas e instituciones que también suscribieron preferentes; en estos casos, el juzgado entiende que, dadas sus características, no hay engaño posible y sabían lo que estaban firmando”.

De resto, “cien por cien, los hemos ganado todos y esperamos que siga así”. La casuística que revela el especialista es elocuente acerca de lo vivido: “Hay de todo, incluso hasta contratos sin firmar por parte de los clientes que las entidades cobraron igual”.

Gómez puede presumir de haber logrado que una entidad financiera fuera condenada a devolver la mayor cuantía cobrada por preferentes en las Islas: “Fueron 775.000 euros [ver edición DA del pasado 4 de febrero]; y lo más curioso es que ese caso no habría pasado el filtro previo que se hace en los arbitrajes, a pesar de que se insiste en que son la mejor solución cuando, sencillamente, no lo es”.

A pesar de irregularidades tales como contratos sin firma, plazos de finalización fijados para el año 3000 y similares, las preferentes siguen siendo sólo un tema civil. Ayer mismo, una comisión de investigación abierta por el Parlamento de Cataluña concluía sus trabajos describiendo la emisión y comercialización de participaciones preferentes como una estafa”.

“A los clientes lo que les urge es recuperar su dinero, por eso prefieren la vía civil”, recuerda Carlos Gómez, “pero desde luego que tiene encaje penal”.