Ya son dos los detenidos por la redada en el Catastro tinerfeño

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

La redada en la sede del Catastro tinerfeño ya arroja un balance de dos detenidos y una imputada, según confirmaron ayer fuentes oficiales a este periódico, que adelantó en su edición de ayer la intervención de un grupo especializado de la Guardia Civil desplazado ex profeso desde Madrid. Se les acusa de supuestos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

Como recordarán los lectores, estos investigadores, adscritos al Grupo de delitos contra la administración, irrumpieron a primera hora del pasado martes en la sede capitalina del Catastro, sita en la tercera planta del edificio que alberga la Delegación de Hacienda en la capital tinerfeña.

Colaboración plena
Desde un primer momento y con plena colaboración por parte de la responsable de la oficina a la par que delegada de Hacienda, Sara Anguita, estos guardias civiles centraron su trabajo en dos despachos, de donde recabaron abundante material, especialmente informático.
En cuanto llegó el funcionario que trabaja en uno de ellos se procedió a su detención. Por su parte, la titular del otro despacho investigado fue enviada de vuelta a casa y posteriormente llamada de nuevo.

El gabinete de prensa central de la Guardia Civil confirmó ayer a DIARIO DE AVISOS que se ha detenido a dos personas, una de ellas funcionario, mientras que a una tercera, una mujer, sólo ha sido imputada, lo que concuerda nítidamente con lo vivido en las oficinas santacruceras.

Las conductas delictivas que se les atribuyen (evidentemente, en distinto grado de participación) son, según detalló la referida fuente del Instituto Armado, los ya referidos delitos de prevaricación administrativa y de falsedad de documento público. A este respecto hay que hacer una salvedad: como el delito de prevaricación administrativa sólo puede ser cometido por un funcionario o autoridad, al detenido que no es funcionario sólo se le achacará el delito de falsedad en documento público.

Pero el operativo va más allá de la acción llevada a cabo en las oficinas del Catastro, ya que estos especialistas de la lucha contra la corrupción administrativa también han procedido al registro de un número no determinado de inmuebles en la Isla, presumiblemente relacionados con el detenido que no es funcionario. Todo ello, como no podía ser de otra manera, bajo el impulso de la autoridad judicial, al punto que una secretaria judicial se desplaza con el grupo de investigadores en su singular itinerario de trabajo.

En cuanto al origen de esta investigación, fuentes de la Dirección General del Catastro desvelaron ayer a este periódico que los registros practicados en estos días en la Isla son un paso más en una investigación que nació en la propia dirección general.

Mecanismos de control
Es decir, han sido los propios mecanismos de control de este organismo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los que detectaron las supuestas irregularidades en la sede provincial, de lo que se colige que ha sido la Dirección General del Catastro la que ha denunciado las mismas en un juzgado de la capital de España.

Dado que la instrucción de este caso sigue en una fase aún primaria, la referida fuente oficial se reservó informar con detalle del operativo, limitándose a apuntar dos circunstancias del mismo: por un lado, se trata de una investigación que arrancó hace unos meses en Madrid; por otro, la única delegación del Catastro afectada por este caso es la tinerfeña.