Y ahora que tenemos Ley Canaria de Educación, ¿qué? – Por Pablo Joel Santana Bonilla*

Aunque tengo una perspectiva crítica de la Ley Canaria de Educación (LCE) considero que, como ciudadanos y ciudadanas, nuestra actitud ante la misma no debe ser de pasividad o de simple rechazo. Por tanto, ¿qué hacer una vez aprobada la Ley Canaria de Educación? Cuando se trata de asuntos que atañen a toda la ciudadanía, como, por ejemplo, la educación, la sanidad o los servicios sociales, es toda la ciudadanía quien debe implicarse en el debate y la acción. A toda la ciudadanía y a quienes estamos relacionados, de un modo u otro, con la educación van dirigidas estas líneas.

Lo primero que debemos hacer ante la primera Ley Canaria de Educación es conocerla. El texto está accesible en la página web del Parlamento de Canarias. Debemos familiarizarnos sobre todo con los aspectos que atañen a su carácter público y a nuestras posibilidades de participación. También merecen especial atención los compromisos de las Disposiciones Adicionales.

Otra acción consiste en aprovechar las oportunidades de participación. Todos los centros educativos públicos tienen Consejo Escolar, uno de sus “órganos de gobierno colegiados”. En él están representados el profesorado, las familias, el alumnado y el personal no docente, así como el Ayuntamiento correspondiente. Se denomina “órgano de gobierno” porque tiene capacidad de tomar decisiones. La LOMCE (2013) quita al Consejo Escolar sus funciones de gobierno y la LCE (2014) trata de restituirlas.

Los miembros de los Consejos Escolares deberían redoblar sus esfuerzos por funcionar de manera auténticamente democrática. Esto requerirá que los Equipos Directivos sean transparentes en su relación con el Claustro y el Consejo Escolar, que los Equipos Directivos y el profesorado escuchen y acepten las propuestas de familias, alumnado, y personal no docente -tratándoles como iguales, no de modo condescendiente-, que los claustros no impongan –por la vía de los hechos- sus decisiones a los consejo escolares, que los ayuntamientos tomen en serio su papel en la educación pública, y que familias y alumnado asuman en mayor medida su responsabilidad como agentes activos en la vida de colegios e institutos. No será una tarea sencilla pues requerirá romper con la idea de que cada “sector” (profesorado, alumnado, familias y personal no docente) está para defender sus propios intereses y no para construir un proyecto común.

Pero las oportunidades de participación no se limitan al Consejo Escolar sino que abarcan las asociaciones de madres y padres, acciones espontáneas de centros completos, de grupos de docentes o de familias pertenecientes a centros escolares específicos o, incluso, acciones concertadas de varios centros. Acciones dirigidas a denunciar situaciones injustas, defender derechos hurtados, y realizar proyectos constructivos de mejora de la educación pública.

En tercer lugar, cada centro, pero sobre todo las asociaciones de madres y padres, los sindicatos, y otras asociaciones profesionales y colectivos sociales, deberían implicarse en el seguimiento de la Ley, denunciando los incumplimientos que pudieran darse. El Consejo Escolar de Canarias debería ejercer con diligencia las funciones que tiene atribuidas al respecto.

Pero, además, quienes entendemos la educación como servicio público cuya provisión es responsabilidad de la administración pública debemos reclamar al Gobierno de Canarias la atención prioritaria a las necesidades de los centros educativos públicos. Uno de los riesgos de esta ley es que las sucesivas administraciones educativas canarias inviertan en el sector privado de la educación en detrimento del público. Si esto sucediera no podemos callar.

Por ultimo, más allá de cualquier ley están la profesionalidad y buen hacer de la mayoría del profesorado, la implicación de muchas comunidades educativas y la calidad de la educación que ofrecen multitud de centros públicos de Canarias. La lucha por la mejora de la educación comienza en cada aula, en cada escuela e instituto, en cada comunidad. Serán las acciones constructivas que emprendamos cotidianamente, y de modo sostenido a lo largo del tiempo, las que determinarán, en buena medida, la mejora de la calidad y equidad de la educación pública canaria. El tiempo dirá si la Ley Canaria de Educación sirvió para crear las condiciones necesarias para facilitar nuestra tarea de contribuir a dicha mejora o no.

*MIEMBRO DE LA INICIATIVA POR LA DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA CANARIA