Una buena noticia – Por Leopoldo Fernández

Al menos esta vez, el Tribunal Constitucional ha proporcionado a Canarias una buena noticia. Eso y no otra cosa es el levantamiento de la suspensión cautelar sobre dos puntos concretos -los apartados a y c del artículo 4.2- de la Ley de renovación y modernización turística, que en febrero pasado recurrió el Gobierno central por considerarla inconstitucional. Con esta decisión, y al menos en tanto no se sustancie la cuestión de fondo por el alto tribunal -que podría tardar varios años, no menos de tres o cuatro, según fuentes jurídicas-, quienes tenían proyectada en las Islas la construcción de hoteles de cinco estrellas o de más lujo en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote -islas a las que afecta dictamen te este apartado de dicha ley- podrán seguir adelante con sus planes inversores, lo que sin duda va a dar pie a nuevas actividades económicas en unos momentos en que lo que se necesita es precisamente generar riqueza y propiciar la creación de empleo. Con ello, el Constitucional viene a limitar el alcance que el gobierno central pretendía otorgar en su recurso a la construcción hotelera en general, cuando el ejecutivo canario tan sólo se había planteado la suspensión de los nuevos hoteles de cuatro estrellas salvo en algunos supuestos. El recurso del Consejo de Ministros contra la ley canaria fue planteado por entender que la mentada ley autonómica vulnera la normativa estatal sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, de noviembre de 2009, así como la llamada Directiva Bolkestein de la Unión Europea, que consagra la libertad de establecimiento en el territorio comunitario.

Una cosa es incentivar determinado tipo de establecimientos o supeditar su construcción a la rehabilitación turística en condiciones prefijadas y otra tratar de dirigir al inversor hacia donde al gobierno le conviene y en las condiciones que le conviene. De ahí que tanto los partidarios de la renovación y rehabilitación como los deseosos de incrementar la oferta de hoteles de cuatro estrellas -en general, los más demandados del mercado, sobre todo en Gran Canaria- traten de pactar con el gobierno autónomo la revisión de la ley en función de las necesidades y de la experiencia, de modo que se garantice la seguridad jurídica al inversor, junto a su libre iniciativa, además del cumplimiento de unos mínimos de calidad que exige un sector tan competitivo como el turístico más la conveniencia de no saturar el mercado, liberalizándolo por completo, con una oferta desmesurada que a la larga pueda producir en las Islas una crisis de consecuencias impredecibles.