El Consistorio paraliza el desalojo de una vecina durante tres meses

Luciana Holluy. / F. P.

N. T. | Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha paralizado, por tres meses, el desahucio de la joven Luciana Holluy que el martes denunciaba a las puertas del Consistorio que este quería desalojarla de una vivienda municipal que, reconoció Holluy, ocupaba de manera ilegal. Tras declarar la joven que se ponía en huelga de hambre hasta que se paralizar el desalojo (vive con su marido y una niña de siete meses), ya que no tenía a donde ir. Unas horas después ya había desistido de su anuncio al comprometerse el Ayuntamiento a paralizar el desalojo hasta que encuentra una alternativa habitacional así como a tramitarle una ayuda de alquiler.

El alcalde accidental, José Ángel Martín, señaló que: “Hemos hablado con Lucinda y ha entendido que hay un protocolo que seguir y con la ayuda que le hemos ofrecido, que es la misma que damos a todas las personas en su situación, se ha logrado reconducir la situación”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Tenerife (PAHT), que denunció el caso de Lucinda, ayer aclaraba que el desahucio de la joven de la vivienda municipal no había sido instado por el Ayuntamiento sino por un particular, denuncia a la que el Consistorio, a través de Viviendas Municipales, se sumó como parte afectada. Esta aclaración, hecha después de que se llegara a una acuerdo, fue acompañada de la crítica de la PAHT calificando este modo de actuar de “ilegal” puesto que ha de ser el titular de la vivienda, en este caso el Ayuntamiento, el que denuncie, y si no es así, tendría que haberse archivado.

Además de la solicitud de suspensión de la medida de desalojo, el acuerdo del consistorio contempla el compromiso de la familia a buscar activamente una vivienda en el municipio. El IMAS, a través de sus contactos y mediaciones con propietarios, inmobiliarias y proyectos sociales de vivienda, se compromete a mediar para facilitar el contrato.