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La consulta sobre los sondeos de Repsol se hará en urnas e internet

   
Fernando Ríos. / DA

Fernando Ríos. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias va en serio sobre la convocatoria de una consulta popular sobre los sondeos de petróleo. “Se hará y será legal”, aseguraron ayer tanto el portavoz de Ejecutivo regional, Martín Marrero, como el comisionado para el Autogobierno y coordinador de la batalla jurídica contra las prospecciones autorizadas a Repsol.

Tras la negativa de Rajoy a dar una respuesta formal y motivada a la solicitud de este referéndum, el Gobierno de Rivero prepara dos decretos que regularán el procedimiento para pulsar la opinión de los ciudadanos “sobre materias de interés general de competencia autonómica”, como prevé la Ley de Participación Ciudadana aprobada desde 2010.

En este caso, los ciudadanos podrán votar la opción que deseen a través del sistema tradicional de urnas y también por procedimientos telemáticos (Internet). Podrán participar los ciudadanos residentes de forma legal en Canarias, circunstancia que será necesario acreditar con la presentación del DNI o de un certificado de residencia, o bien mediante una autorización para verificar su inscripción en el padrón de habitantes.

Estos detalles los reveló ayer en declaraciones a este periódico Ríos, quien avanzó además que la pregunta inicialmente prevista en la solicitud cursada en enero al Gobierno estatal deberá ser “reformulada” para adaptarla a las competencias autonómicas.

La cuestión que se iba a plantear a los canarios si lo hubiera autorizado Rajoy rezaba así: “¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?”. Pero los mensajes que han llegado del Gobierno estatal han sido, si no por el conducto oficial, sí por declaraciones a los periodistas, advertencias de que el referéndum en ningún caso se va a autorizar porque se trata de materia exclusiva del Estado.
Por tanto, el Gobierno regional es consciente de que la pregunta de una consulta amparada en la Ley de Participación Ciudadana de Canarias tendrá que redactarse con cierta imaginación para esquivar una probable oposición jurídica del Estado, que podría recurrir la iniciativa ante el Tribunal Constitucional, e incluso suspenderla temporalmente, aunque Ríos confía en que la redacción final permitirá garantizar su plena constitucionalidad.

Los decretos con el marco normativo para convocar esta consulta estará listo “ en dos o tres meses”, y antes de su aprobación tendrá que salir a información pública y recabar el informe del Consejo Consultivo de Canarias.

Ayer, tras el Consejo de Gobierno, y a preguntas de este diario, Martín Marrero, no dudó en llamar “cobardía” a la falta de respuesta del Gobierno estatal a la solicitud formal de esta consulta, que estuvo además avalada por un acuerdo del Parlamento canario. “Ya no se trata de una falta de respeto institucional, es incluso una cuestión de educación, de ser educado, porque ellos entienden por una respuesta a un Gobierno y un Parlamento autonómicos cortes de voz en la radio o recortes de prensa con sus declaraciones a los periodistas”, se quejó el portavoz del Ejecutivo canario, quien enfatizó que debió haber una resolución formal del Consejo de Ministros . A su juicio, “se equivocan quienes banalizan este conflicto como algo personal entre Paulino Rivero y José Manuel Soria”, por lo que insistió en que “ni el Gobierno canario ni la sociedad canaria se van a rendir”.

Lo cierto es que la delegada del Gobierno central en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, dejó patente el miércoles que “las respuestas han sido muy claras” en el sentido de que en Canarias no se puede celebrar una consulta sobre competencias que son propias de la Administración del Estado.

“El Gobierno estatal está abusando de Canarias y nos trata como una colonia”

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, acusó ayer al Gobierno central de estar “abusando” del Archipiélago, al que trata “como una colonia”, en relación a las prospecciones petrolíferas. En una entrevista a la cadena Cope, Rivero intuye una diferencia de trato con la comunidad balear para hacer una declaración de impacto ambiental “negativa” sobre los sondeos previstos en el Mediterráneo. Agregó que de ser así, Rajoy “puede tener un problema de Estado con Canarias” ya que consideró que Baleares tiene menor riqueza ambiental que Canarias.

A su juicio, quienes están en contra de las prospecciones en Canarias es “por puro sentido común, Canarias vive del turismo”, a lo que sumó que en Lanzarote y Fuerteventura “hay vida porque hay agua, el 100 por 100 es agua desalada del mar”. Sobre la consulta que quiere llevar a cabo para conocer la opinión de los ciudadanos, Rivero justificó esta decisión en que se trata de un asunto de “trascendencia social, económica”.
Por último preguntado si repetirá candidatura a la Presidencia por Coalición Canaria, respondió: “Queda mucho tiempo, estamos trabajando. Ya veremos”.