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Inicia una huelga de hambre contra el desalojo de una vivienda social que ocupa en Santa Cruz de Tenerife

   
Luciana Holluy en su caseta de montaña en el exterior del ayuntamiento capitalino. | N. TORRES

Luciana Holluy en su caseta de montaña en el exterior del ayuntamiento capitalino. | N. TORRES

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

Luciana Holluy, una vecina de Santa Cruz de Tenerife que ocupa una vivienda social de forma ilegal en el barrio de San Pío junto a su marido y su hija de siete meses, ha iniciado este martes una huelga de hambre en las puertas del Ayuntamiento contra su desalojo forzoso.

En rueda de prensa, ha señalado que su familia tiene unos recursos muy escasos y su situación “ha empeorado” desde 2011, y aunque reconoce que la vivienda no es suya, ha recordado que vivía alojada con una mujer titular del inmueble a quien cuidaba, con el compromiso verbal de seguir ahí una vez falleciera, hecho que ocurrió el pasado mes de marzo.

“Lo único que pido es que me den un sitio donde ir. No pretendo quedarme una vivienda que no es mía, no puedo irme a la calle ya que tengo un bebé de siete meses. No quiero que mi familia se rompa por no tener un sitio donde ir a vivir con ellos”, ha comentado.

Luciana ha lamentado que el Ayuntamiento le haya “cerrado las puertas” y no haya obtenido “respuesta” a su demanda de obtener una alternativa, y aunque se ha inscrito en el registro de demandante de vivienda, ha dicho que las listas no se mueven “de hoy para mañana”.

El desalojo forzoso ha sido dictado por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife a instancias de Viviendas Municipales, y la Plataforma de Afectados por la Vivienda (PAH) ha criticado el trato “vejatorio” de la concejal responsable, Ángela Mena, ya que el proceso se ha acelerado “de forma extraña” y además, “incumple” directivas europeas y va en contra de los derechos humanos.

En su opinión, ha habido un “abuso de poder” del consistorio hasta el punto de “distorsionar” la realidad del caso, y han pedido a los partidos políticos que exijan que no haya desalojos forzosos sin “alternativa habitacional” y que las viviendas del parque público de Canarias se pongan “al servicio” de los ciudadanos.