Ayudas a la dependencia – Por Leopoldo Fernández

En tiempos de dificultades económicas y desempleo masivo las necesidades sociales aumentan en progresión geométrica mientras los ingresos públicos lo hacen en progresión aritmética. Saber adaptarse a estas circunstancias y lograr las mejores atenciones para los ciudadanos más desfavorecidos debe ser el primer objetivo de cualquier Gobierno que se precie, sea cual fuere su ideología o color político. Aquí, en Canarias, llevamos años escuchando lamentos y disculpas para tratar de justificar lo injustificable: que no se presta la mejor atención posible a quienes más la necesitan. Lo fácil es echar la culpa a un tercero, por ejemplo el Gobierno central, como si éste no tuviera que hacer frente a recortes y ajustes impuestos desde los órganos rectores de la Unión Europea y desde instancias multinacionales cuyas instrucciones y consignas resultan de obligado cumplimiento en el mundo al que voluntariamente pertenecemos. Escribo esta generalidades a propósito de la falta de ayudas y subvenciones oficiales con destino a los dependientes psíquicos o físicos de las Islas, que -aunque con clara tendencia hacia una mejora generalizada- son los que peor trato reciben en España según los datos aportados por el Imserso. Por ejemplo, frente a la media nacional de 109,60 euros de gasto público por habitante en ayudas a la dependencia, en Canarias apenas se llega a 39,07 euros, el más bajo del país.

Por no hablar de ayudas a domicilio, que no pasan del cero patatero, que diría José María Aznar. O el tiempo de espera por las ayudas, que en el Archipiélago pasa de tres años de media, frente a 210 días en el conjunto de España. Otro dato alarmante: frente a 40.617 solicitudes de ayuda presentadas hasta junio pasado, tan sólo habían sido atendidas 24.174. En suma, estamos ante un doble problema: escasez de fondos y mala gestión; un drama social que requiere urgentes políticas reformadoras, con el decidido propósito de atender a los ciudadanos dependientes, en su mayor parte ancianos sin apenas recursos o que pertenecen a familias desestructuradas. Aunque desde el Ejecutivo central se hayan producido severos recortes, la comunidad autónoma dispone de suficiente capacidad de maniobra financiera para mejorar este importante capítulo social. Y si fuera preciso, vale la pena endeudarse para ayudar a los conciudadanos menos favorecidos. Se trata de una cuestión de interés público, prioritaria y de pura justicia, que también debería alcanzar a aquellas entidades que, sin ánimo de lucro, se ocupan de desarrollar programas de acción social, así como a los centros -incluyendo su construcción, conservación y reforma- destinados a la mejor atención y cuidado de la población dependiente.