Canarias fomentará la financiación de pymes al margen de los bancos

Ignacio González, diputado que promovió la aprobación de la ley. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La cerrazón del crédito bancario está paralizando muchas iniciativas empresariales. Ante este problema, la nueva Ley canaria de Fomento del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y Las Pymes, que entra en vigor hoy, prevé fomentar en las islas redes de inversores privados, los llamados en inglés business angels, osea, ángeles de los negocios, es decir, personas que, como ayuda caída del cielo, aportan el capital que necesitan emprendedores, a cambio de una participación accionarial minoritaria.
Para ello, el Gobierno canario creará un directorio de estas redes y una línea de subvenciones destinadas a su creación, al tiempo que establecerá deducciones en el tramo autonómico del IRPF por las cantidades que satisfagan estos inversores privados a microempresas o pymes.

El diputado del CCN Ignacio González, principal impulsor de esta ley, destaca que “digan lo que digan los bancos, lo cierto es que mantienen el crédito bloqueado y por eso es necesario abrir una vía de financiación privada alternativa a la banca, como son los business angels, que ya era hora de que llegara a Canarias”. “Lo que hará el Gobierno es poner en contacto a esos inversores privados que tienen el dinero con quienes lo necesitan, los emprendedores con buenas ideas”, añadió el parlamentario.

La nueva ley, publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), prevé también subvenciones específicas y financiación preferente para pymes, la posibilidad de que una persona despedida reciba el 100% de la prestación por desempleo a que tiene derecho y poder así invertirla como emprendedor, así como subvenciones para afrontar las tasas e impuestos municipales necesarios para poner en marcha una actividad económica.

Menos burocracia

La normativa busca atender también a otro obstáculo que salen al paso de quienes intentan el autoempleo: el exceso de burocracia. Para ello, la ley dispone expresamente que se deben simplificar las cargas administrativas actuales, suprimiendo los trámites superfluos. Además, obliga al Gobierno canario a que, ante cualquier nueva iniciativa legislativa, elabore un informe sobre el impacto que tendrá en las pymes y autónomos.

Otra de las novedades que introduce esta norma tiene que ver con el fomento del espíritu empresarial en la enseñanza reglada, a todos los niveles, mediante la divulgación de la figura del emprendedor como generador de riqueza y empleo, y con la incorporación de asignaturas de creación de empresas en todos los ciclos educativos y grados universitarios, módulos prácticas de FP. También se abrirán oficinas de emprendedores en las universidades públicas para asesorar a los alumnos.
González subraya que esta ley “tiene la particularidad de ser la única aprobada de modo unánime por el Parlamento de Canarias en esta legislatura, y además resulta revolucionaria en cuanto a su triple enfoque : la financiación, las cargas burocráticas y el reconocimiento de la labor social del empresario”.

Una norma “realista”

Para el diputado centrista, integrado en el Grupo Nacionalista, la normativa tiene tres cualidades: “es sencilla, porque consta de 24 artículos y 7 disposiciones adicionales, derogatorias y finales; es clara, porque tiene como finalidad promover el autoempleo; y es además realista, al responder a las necesidades reales básicas de autónomos y pymes”.

La Consejería de Empleo elaborará un plan cuatrienal de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas canarias, que deberá ser debatido por el Parlamento regional, a modo de seguimiento de las medidas contenidas en esta normativa.

Por otra parte, la ley dispone la creación de un consejo en el que estarán representados el Gobierno canario, los cabildos, los ayuntamientos, los empresarios, los trabajadores autónomos, los sindicatos y las universidades. Las funciones de este órgano serán las de informar sobre los planes de apoyo al emprendimiento, el trabajo autónomo y las pymes; proponer mejoras continuas en las políticas sobre esta materia así como evaluar la carga administrativa y proponer las simplificaciones burocráticas que estime oportunas.