JESSICA MORENO | Santa Cruz de Tenerife
El 9 de agosto se cumplió el primer año de la entrada en vigor del decreto que regula en Canarias la actividad de los guachinches, una norma muy demandada por instituciones públicas, viticultores y empresarios del sector. De hecho, las asociaciones del norte de Tenerife llevaban en torno a 10 años reclamando la regularización de esta actividad.
En este tiempo, según los datos oficiales manejados por el Cabildo tinerfeño, se han regularizado 123 establecimientos, de los cuales 29 están prestando servicio en estos momentos, cuatro están en trámites y 90 ya han culminado los cuatro meses permitidos por la norma. Esto supone que de los aproximadamente 500 guachinches que se encontraban hace un año en la Isla, el 25% ha regularizado su situación. El balance de estos primeros doce meses del decreto tiene varias opiniones, ya que mientras el Cabildo y la Asociación de Viticultores del Valle de la Orotava (Asviten) dan su visto bueno, por otra parte la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Valle de la Orotava (Apymevo) no se muestran tan favorables.
Al respecto, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Joaquín Bethencourt, se ratificó en que este tiempo era de transición y matizó que “el dato no es malo, podía haber sido mejor, pero demuestra que junto al guachinche legalizable hay otros establecimientos que no estaban en disposición de dar el paso de la legalización, lo que creo que era el objetivo de este documento”. Recordó que previo a la norma se hablaba de unos 500 locales y se había advertido del descenso. Con respecto a la evolución, el consejero afirmó que “lo lógico sería que el número aumentara en los próximos años, primero porque los dados de alta repetirán la comunicación de abrir y esperamos que otros opten por la legalización”, a la par que añadió que confía “en que aumente el control y que venza a la resistencia de los que siendo legalizables no han dado el paso”.
Bethencourt explicó a DIARIO DE AVISOS que el Cabildo se ha centrado en “la labor en ayudar a quien quería legalizarse y no tanto en las sanciones, “ya que corresponde al sector privado”. Puntualizó en que “para mí existe fraude pero confío en que la norma disuada a quien hasta ahora lo ha cometido porque se expone a las denuncias”.
Por su parte, el presidente de Apymevo, Fernando Plasencia, criticó el balance este primer año desde que entró en valor la normativa. Aseguró que “tirando por lo bajo hay unos 300 guachinches, y algunos de los que se han dado de alta, aunque se hayan legalizado, no cumplen con los requisitos estipulados, como el número de platos, el tiempo de apertura o las facturas”, criticó. Teniendo en cuenta esta situación, Plasencia reclamó tanto al Cabildo como a los ayuntamientos de la zona un mayor control de que se cumple con el decreto, no solo en el alta, sino en las condiciones, por lo que anunció que será una de las peticiones que elevarán desde Apymevo.