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Detienen a dos personas por un delito contra los derechos de los trabajadores en Tenerife

   

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Local de La Laguna (Tenerife), han procedido a la detención de dos varones que responde a las iniciales de A.C.M., de 44 años de edad, propietario de una pizzería, y de J.A.E.G., de 49 años, administrador de la misma, por delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.

La operación se inició a finales del mes de julio, a raíz de la denuncia de un trabajador de una empresa dedicada a la hostelería situada en la zona de Los Majuelos, en la que ponía en conocimiento de los Policías Nacionales diversas irregularidades en su contratación, por lo que se comenzaron las investigaciones contando con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de Empleo, comprobando como, efectivamente, habían irregularidades en la contratación del personal de la empresa denunciada.

Realizada la inspección por parte de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría lagunera, se procedió a la identificación de más de una decena de trabajadores, el propietario y el administrador de la empresa, según informó la Policía Nacional en nota de prensa.

Con la información obtenida tras las tomas de declaración de los trabajadores y analizada minuciosamente la documentación recabada, se detectó que, entre la veintena de trabajadores de dicha empresa se hallaban algunos prestando sus servicios careciendo de contrato y sin ser dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social, y otros contratados por menos horas de las que realmente realizaban.

Se dio la circunstancia de que un trabajador estaba contratado por una empresa totalmente ajena a la investigada (gremio de la hostelería), mientras prestaba sus servicios para esta última, todo ello realizado con la connivencia del propietario y el administrador de dicha empresa con el objeto de eludir pagos a la Administración.

Al propietario de la empresa se le imputó un delito contra los derechos de los trabajadores y al administrador un delito contra los derechos de los trabajadores y una falsedad documental. Las diligencias fueron transmitidas a la autoridad judicial y a los servicios de Inspección de Empleo y Seguridad Social.