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El Gobierno se niega a adquirir un fármaco esencial para 500 canarios

   
Sanidad Ana Mato

La ministra de Sanidad, Ana Mato. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Una medida de ahorro que puede costar la vida a decenas de personas. Así de tajantes se muestran los cerca de 500 enfermos de hepatitis C de Canarias afectados por la decisión del Ministerio de Sanidad de negarles la posibilidad de acceder a un fármaco que tiene un porcentaje de eficacia superior al 95%. A cambio, el departamento que dirige Ana Mato ha preferido apostar por otro de nueva creación que acaba de adquirir, que es más bastante más barato pero que ni siquiera se puede administrar a todos los pacientes.

Por este motivo, los damnificados por la decisión del Ministerio han decidido crear una plataforma ciudadana para llevar a Sanidad a los tribunales, por considerar que la Administración sanitaria les está “dejando morir por motivos económicos”. Su denuncia ha sido respaldada por la Asociación El Defensor del Paciente, cuya presidenta, Carmen Flores, animó a todos los enfermos a denunciar al Ministerio por “omisión del deber de socorro” si no les administran sofosbuvir, el antiviral de segunda generación patentado por los laboratorios Gilead en Estados Unidos y comercializado bajo la marca Sovaldi. Este, según confirman varios hepatólogos consultados por este periódico, ha demostrado en varios estudios internacionales que “tiene un porcentaje de cura de un 95%”. Su precio, 60.000 euros por cada ciclo de 24 semanas (una pastilla al día), no está al alcance de la mayoría de los bolsillos, y también ha sido la principal razón esgrimida por el Gobierno para no adquirirlo. La frustración, mientras, hunde a los especialistas, que quieren ser optimistas, pero están indignados. “El Ministerio tiene que negociar, porque en Egipto han conseguido que Gilead les venda sofosbuvir a 600 euros”, exponen desde la plataforma de afectados, quienes reiteran que en el Archipiélago hay medio millar de pacientes “que necesitan tratamiento urgente” con el referido fármaco. Este año, Sanidad compró 300 dosis para uso compasivo en toda España, “pero los criterios para acceder son tan limitados que miles de personas siguen viendo cómo se les acaba el tiempo”, recalcan.

Fuentes del departamento de Ana Mato insisten en que están manteniendo conversaciones con los laboratorios Gilead para conseguir que rebajen el precio inicial de 60.000 euros, y que han tenido varias reuniones “para conseguir el equilibrio que a ambas partes puede convenir”. Estas reuniones continuarán en los próximos meses, subrayan las mismas fuentes, quienes insisten en que el objetivo es buscar un precio “asumible”.

Los plazos, en cualquier caso, pueden llegar a ser eternos para los enfermos con genotipo 1 y 4, unos 8.000 en toda España, que son los más afectados por la enfermedad. En Canarias, la Consejería de Sanidad desconoce el número exacto de pacientes con hepatitis C, ya que la Red de Vigilancia Epidemiológica no dispone de datos específicos. Aun así, la Consejería contabiliza 196 pacientes que están en tratamiento o están pendiente de iniciarlo en los hospitales isleños.

Una diferencia de 30.000 euros

-Desde este mes los hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS) disponen del nuevo fármaco para el tratamiento de la hepatitis C, el simeprevir. Este se suma a los dos medicamentos con los que ya contaba el SCS para paliar esta enfermedad. El simeprevir, que es más barato (25.000 euros) que el antiviral sofosbuvir, no se puede administrar a todos los pacientes. Los enfermos con cirrosis, fibrosis, o los que tienen un bajo nivel de plaquetas no lo toleran, porque se trata combinado con ribavirina e interferón, cuyos efectos secundarios son devastadores para muchas personas. Además, su efectividad está entre el 80% y el 90%, inferior a la que demuestra el medicamento que el Ministerio de Sanidad no quiere adquirir.

-La Agencia Europea del Medicamento aprobó el sofosbuvir en enero, pero en España aún no se ofrece en la red pública. Francia creó una plataforma europea para combatir su precio. Pese a que fue secundada por 15 países de la UE, finalmente los 28 rechazaron presionar al laboratorio Gilead, al considerar que existen otros instrumentos para lograr una bajada del precio.