La patronal pide un paso más para “reducir las cargas” en la inversión

Una reunión de CEOE-Tenerife con el consejero de Economía, Javier González Ortiz. | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

La telaraña burocrática disuade el desarrollo económico. Desde esa óptica, las organizaciones CEOE y CEPYME saludan el proyecto del bipartito (CC-PSOE) destinado a reducir el “exceso de cargas” administrativas para la puesta en marcha de proyectos de inversión e iniciativas empresariales. No obstante, piden un paso más en el sentido de acometer “reformas de la estructura y funcionamiento en las administraciones públicas enmarcadas en un proceso de regulación de su intervención”.

En respuesta a las alegaciones solicitadas acerca del anteproyecto de ley sobre tramitación preferente de inversiones estratégicas para Canarias -actualmente en el Parlamento-, las confederaciones CEOE y CEPYME en Santa Cruz de Tenerife sugieren que se acometa “una profunda simplificación de las normativas como medida real que permita agilizar las inversiones” que requiere el Archipiélago.

En un escrito conjunto de cinco páginas, ponen el acento en el reconocimiento de la necesidad de una ley de este tipo, que ataque la “paralización del crecimiento socioeconómico”. Consecuentemente, la patronal urge la aprobación de los planes generales de ordenación pendientes, junto a una simplificación y armonización de los ya existentes. “Nos encontramos con un campo urbanístico colapsado”, resalta. “Se ha generado una legislación a la defensiva, con una dificultad de gestión extremadamente compleja, agravada por la judicialización de los PGO y la supresión de los recursos de reposición”. Partiendo de la consideración de que los planes de ordenación son “esenciales”, CEOE y CEPYME reclaman que a la figura del silencio administrativo positivo a favor del promotor se le dé una “cobertura jurídica suficiente”.

De conformidad con el documento remitido a la Cámara legislativa, son inversiones de interés estratégico aquellas que sean declaradas como tales por el Ejecutivo autonómico, “de acuerdo con el procedimiento seguido en atención a su especial relevancia para el desarrollo social y económico” de Canarias bajo una serie de criterios que habrá de analizar el comité, ya creado: impacto sobre la economía insular, fundamentalmente en el empleo; vinculación a áreas estratégicas, como la industria, las energías, el tratamiento y reciclado de residuos, la innovación, nuevas tecnologías, la internacionalización, las actividades de alto valor añadido; su capacidad para movilizar inversión privada y su compatibilidad con el respeto al medio ambiente. Todo eso, siempre que la inversión prevista resulte “viable jurídica, económica y financieramente”.

“Estocada a la moratoria”
Con muchos reproches en el zurrón, el colectivo Turcón-Ecologista en Acción coge el toro por los cuernos y clama que el texto de marras es “una estocada directa” a la moratoria canaria al socaire del “contexto de crisis”.

Esta plataforma ecologista radicada en Gran Canaria alerta de que “se quiere sortear todos los procedimientos para que el empresariado tenga las puertas abiertas en detrimento de los valores de sostenibilidad”.

Por ello, en las alegaciones, Turcón muestra su “estupor” y oposición a esta ley en ciernes. “La dicotomía entre el planeamiento, la ordenación del territorio y el proyecto urbanístico la resuelve el Gobierno con un texto que vulnera principios básicos de participación ciudadana (reducción de los plazos) y que contenta a determinados sectores al sustituir el interés general por el estratégico”.

En nombre de la mencionada asociación, su presidente, Honorio Galindo, atribuye los retrasos a la “incompetencia” y la “mala gestión”, defectos de los que se derivan, subraya, “numerosas sentencias condenatorias” por el aprovechamiento “irregular” de los recursos naturales.