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El plan energético propone crear con la RIC una refinería canaria

   
La Refinería de Santa Cruz de Tenerife. | S. M.

La Refinería de Santa Cruz de Tenerife. | S. M.

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Las Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE), que tramita el Gobierno regional, plantean la posibilidad de que el “sector privado” de las Islas cree una sociedad de capital riesgo, con fondos acogidos a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) “cuyo objetivo sería exclusivamente invertir en proyectos energéticos, tanto en energías renovables ya consolidadas como en almacenamientos estratégicos de petróleo e, incluso, la ejecución de una nueva refinería de petróleos moderna y eficiente en Canarias”.

Así consta en la Memoria de Información y Diagnóstico contenido en las DOSE, cuyo texto aprobado de forma inicial pasó ya la fase de exposición pública. El documento elaborado por la Consejería de Industria enmarca esta propuesta dentro de su análisis de las “amenazas” que pesan sobre el sector en Canarias, como la “débil resiliencia de las infraestructuras energéticas”. En el caso de la refinería de CEPSA, las DOSE parten del supuesto de su “posible cierre”, que eliminaría “el 35% de la capacidad de almacenamiento de productos petrolíferos de Canarias”.

Por ello, el documento plantea que si el Archipiélago quiere mantener una reserva estratégica de combustibles para 92 días, “habrán de construirse nuevos almacenamientos alternativos, en especial para los derivados ligeros del petróleo (GLP, gasolinas y kerosenos de aviación)”. Y es que, según el nuevo plan energético propuesto, si bien hasta ahora no ha habido problemas con el stock de combustible en Canarias, “en un futuro cercano, la situación podría cambiar dramáticamente ante el posible cierre de dicha refinería” si no hubiera nuevas empresas de almacenamiento.

Precisamente ya está en trámite la autorización de una inversión de 150 millones de euros para construir 22 tanques de combustibles en una antigua cantera junto al puerto de Santa Cruz de Tenerife, proyecto que promueve una multinacional extranjera cuyo nombre no ha trascendido, iniciativa que el Gobierno canario agiliza ya como una inversión estratégica. Las Directrices señalan que la refinería de CEPSA “ aunque conservada en un buen estado de mantenimiento, tiene una estructura productiva anticuada y, sobre todo, tiene una localización geográfica absolutamente inadecuada, a pocos metros de la ciudad, lo que provoca, con cierta frecuencia, episodios de elevada contaminación del aire y olores en la ciudad”. Añaden las DOSE que esta industria es del tipo hydroskimming, que “hoy en día tienden a desaparecer, sólo manteniéndose cuando su existencia se justifica por situaciones especiales”, ya que “por lo general se adapta a mercados de alta demanda de fuelóleos con especificaciones poco rigurosas”.

Sensacionalismo y oposición ciudadana, como “debilidades” en el Archipiélago
Las Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía (DOSE) aprobadas por el Gobierno canario de forma inicial plantean entre las “debilidades” del sistema de la energía en Canarias el “exceso de sensacionalismo informativo, que muchas veces ha estado carente de rigor científico dando lugar a posicionamientos insuficientemente justificados por parte de una ciudadanía incorrectamente informada”. Para responder a esta circunstancia, las DOSE observan la necesidad de “mayor transparencia e información pública en las decisiones en materia de política energética para Canarias” puesto que se considera que “no se ha informado suficientemente a los agentes económicos y sociales y al conjunto de la ciudadanía sobre los desafíos que afronta el sector energético de Canarias a medio y largo plazo”.

Pero es más, las DOSE identifican otras “debilidades” unida a esta, como es la “oposición ciudadana y de algunos ayuntamientos y cabildos a nuevas centrales eléctricas”, así como las “demandas desproporcionadas de soterramiento de líneas eléctricas”. En este sentido, las DOSE argumentan que “el coste de soterrar es 10 veces superior al tendido aéreo, que solo se justifica en zonas urbanas y donde nos existan alternativas por riesgo para la salud y la seguridad de la vida humana o la protección de fauna en peligro de extinción”. Una pretensión “desproporcionada” que, por ejemplo, las DOSE atribuyen al Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, al “prohibir que las líneas sean aéreas”.