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El proyecto de inversiones estratégicas, en el Parlamento

   

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El proyecto de ley sobre Tramitación Preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias ya está en el Parlamento. Entró en el registro el 6 de agosto, menos de una semana después de ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

La documentación entregada abarca 183 páginas y contiene, además del texto articulado, informes de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, de la oficina presupuestaria, del Consejo Consultivo y alegaciones procedentes de siete instituciones y organismos del Archipiélago.

Concretamente, presentan reparos al proyecto de ley de inversiones estratégicas: la federación de cabildos (Fecai) y, por separado, los de Tenerife y Gran Canaria; la de municipios (Fecam), las patronales CEOE-Tenerife y Asinca (industriales), y el colectivo ecologista Turcón (Telde).

El objetivo de la iniciativa gubernamental es “regular proyectos de inversión, de interés estratégico en la Comunidad Autónoma, generadores de riqueza y empleo, y profundizar en el establecimiento de medidas en materia de simplificación administrativa, que conduzcan a una efectiva reducción de las cargas burocráticas que la Administración”.

La oposición denuncia que es una ley habilitante (que proporciona poderes especiales al presidente). Sin embargo,el Ejecutivo regional niega que sea presidencialista o arbitraria. A su juicio, es un procedimiento “totalmente reglado” y similar a los que se aplican en otros territorios de España.

Se espera que la reducción de los plazos administrativos de los expedientes tenga “un efecto sobre la disminución de las cargas administrativas que afectan a la actividad económica” en las Islas. Ello favorecería “la convergencia con la media del conjunto de comunidades autónomas y el mayor aumento de su PIB”.

Se trata de definir las inversiones de interés estratégico y el procedimiento para su declaración, desde el convencimiento de que “un exceso de regulación y burocracia administrativa puede desmotivar o desincentivar”. Con esa finalidad, en 2012 se creó el denominado Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos.

Las mayores dudas se plantean en torno a los criterios sobre la “relevancia para el desarrollo social y económico”.