La reforma apuntala la autonomía de los 88 ayuntamientos canarios

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el de la Fecam, Manuel Plasencia. | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Esta vez sí se ha avanzado desde las buenas intenciones hasta los hechos. La voluntad de diálogo entre la Administración autonómica y las locales ha encontrado eco en un acuerdo político por el cual los ayuntamientos engrasarán su maquinaria competencial una vez que el Parlamento apruebe la Ley de Municipios.

Aparte de poder seguir ejerciendo atribuciones cercenadas por la normativa básica nacional, las corporaciones estarán capacitadas para el desempeño de funciones relacionadas con el empleo y la promoción de actividades económicas en los respectivos ámbitos territoriales.

“Hemos dado un paso histórico”, exclamó ayer el jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, tras reunirse en la capital tinerfeña con una delegación de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). “Se cumple el compromiso de sacar adelante en esta legislatura las leyes de cabildos, municipios y de transparencia”, destacó Rivero.

A juicio del Gobierno de coalición (CC-PSOE), con esta iniciativa “se resuelve la incertidumbre” creada por la controvertida Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de 2013. Concretamente, se amplía el catálogo competencial y se clarifica su reparto. En este aspecto incidió el consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola. Este texto cubre “muchos vacíos”, explicó. “Incorpora principios como la transparencia y la participación ciudadana”, además de suprimir “solapamientos de funciones” y, en definitiva, “modernizar” la Administración pública de las Islas.

El consenso alcanzado con los ayuntamientos y los cabildos alimenta el optimismo de las partes, que confían en que todos los grupos apoyen la propuesta a la vuelta de las vacaciones. “No ha sido fácil conciliar los intereses de 88 ayuntamientos”, reconoció el alcalde de Alajeró y presidente de la Fecam, Manuel Plasencia, “pero estamos satisfechos con el resultado”, resaltó.
Paralelamente, el Gobierno de Canarias ha empeñado su palabra en que la ley que regula el bloque de financiación municipal se modificará “en el plazo máximo de un año”.