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Cerca de 26.000 extracomunitarios pierden la residencia en Canarias

   

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Perder un puesto de trabajo en el Archipiélagose ha convertido en una noticia demasiado habitual. No en vano, más de 266.000 personas en Canarias están desempleadas en estos momentos. El drama, ya de por sí complejo para todos ellas, se agudiza aún más si cabe en el caso de los inmigrantes, que dependen de un contrato de trabajo para ser considerados legales en España. Por ello, y por una cuestión de cifras, se han convertido en los principales damnificados por la recesión, hasta el punto de que sólo en el último año 25.996 extranjeros no comunitarios perdieron su certificado de registro o tarjeta de residencia en las Islas, la mayor parte de ellos latinoamericanos y africanos.

En concreto, según la última estadística publicada en agosto por la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social -con datos contabilizados hasta el pasado 31 de diciembre de 2013-, de los 100.707 extracomunitarios con permiso de residencia en vigor que había en 2012, se ha pasado a 74.711, un descenso superior al 30%. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife cuenta con 25.441 extranjeros de régimen general con la residencia en vigor, por 49.270 registrados en la provincia de Las Palmas.

Mientras, en términos absolutos, hasta el pasado 31 de diciembre había en Canarias 254.707 extranjeros con certificado de registro, de los que 179.996 eran de países comunitarios. Para estos, la crisis no parece haber sido un obstáculo para establecerse en las Islas. No en vano, el número de extranjeros de la UE con permiso de residencia ha crecido en más de 2.700 personas en solo 12 meses. Y paradójicamente, hasta el año pasado había más comunitarios residiendo legalmente en la provincia de Tenerife (90.499) que en la de Las Palmas (89.497), la mayor parte de ellos en el Sur.

Contratos en origen
Lejos de mejorar, la situación tiende a empeorar en los próximos meses, como denuncian distintas ONG. De hecho, a asociaciones como la Red Acoge o Cruz Roja empiezan a llegar nuevos casos no sólo de inmigrantes que quieren papeles, sino de quienes los tienen pero temen perderlos. Son aquellos que vinieron con un contrato en origen, con el que se obtiene un tarjeta de residencia temporal de un año.

Pasado ese tiempo, y si han cotizado al menos durante seis meses, tienen opción a renovar su permiso por dos años más. Pero es preciso que tengan empleo y éste escasea, hasta tal extremo que la tasa de paro entre los inmigrantes ha crecido cerca de un 70% desde el año 2010. “La crisis que sufren todos los ciudadanos tiene un efecto especialmente perverso en gente que ha llegado a regularizar su situación pero que sin empleo da un paso atrás”, concluyen desde Acoge.