JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
La demanda de ayuda se ha multiplicado casi por tres, pero el personal se ha reducido prácticamente a la mitad. Así se resume la actual situación por la que atraviesan los servicios sociales en España, los grandes damnificados de una crisis que parece no tener fin, y que ha situado a regiones como el Archipiélago al borde del colapso. Y es que según los datos del último Informe de los Servicios Sociales en España, elaborado por el Consejo General de Trabajo Social, Canarias es la segunda comunidad autónoma -después de Murcia- donde más se redujo el número de trabajadores sociales el último año, una bajada del 44,6%. Esta reducción se produce, paradójicamente, en la tercera región en la que más se incrementó la demanda de asistencia, cerca de un 87% más de solicitudes.
El citado informe, elaborado a partir de una encuesta realizada a más de un millar de profesionales de todas las comunidades autónomas, recoge la visión de los trabajadores sociales de todo el Estado español. Estos muestran su honda “preocupación” por las “trágicas consecuencias” de las “políticas de recortes” de los presupuestos sociales y la progresiva privatización del sistema público de servicios sociales.
Con una reducción del 52,5% del número de trabajadores sociales, Murcia es la que más ha sufrido el recorte de personal, seguida de Canarias, con una pérdida del 44,6%. En la orilla opuesta, Navarra y Cantabria son las regiones donde menos personal se ha reducido, con una bajada del 13,3%. Estos recortes tienen “consecuencias sociales dramáticas”, según denuncian los profesionales isleños, quienes aseguran que en los últimos tres años los servicios sociales han empeorado de forma muy significativa en el Archipiélago, sobre todo en lo que se refiere a la atención a las personas en riesgo de exclusión social y a los mayores en situación de dependencia.
Se da la circunstancia de que, después de Baleares y Navarra, Canarias es la tercera comunidad donde más se incrementó la demanda de ayuda, un 87%. En las Islas este aumento de las solicitudes de prestaciones sociales se dio sobre todo en casos de pobreza y exclusión social, así como en infancia y juventud. En cuanto al perfil de las personas que demandan estas prestaciones se da cada vez más en familias que antes pertenecían a la clase media y mujeres con hijos. Y lejos de mejorar, la situación tiende a empeorar, reiteran los trabajadores sociales, quienes confirman que “las consecuencias de la crisis se agudizarán aún más en el próximo trienio”.
Administraciones “desbordadas”
- La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Iris de Paz Gómez, asegura que la crisis y las medidas que se está tomando a nivel estatal con los recortes están suponiendo un claro “desmantelamiento del sistema público de servicios sociales”. “Las administraciones siguen este proceso general y se ven desbordadas por el aumento de la demanda, por lo que las respuestas no están siendo acordes con las situaciones que a nivel social se plantean”, recalca Iris Gómez, quien expone que el profesional “siente frustración, impotencia y angustia, ya que sabe de primera mano que lo que demandan muchas personas es una necesidad real”.
Alertan de que “está en peligro la paz social”
El Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de España, que representa a más de 40.000 trabajadores sociales repartidos en 37 entidades colegiales, presentó hace un año en el Congreso de los Diputados un documento en el que ya alertaba de la preocupación creciente entre la profesión por la “desprotección” de las familias que derivará de la eliminación de competencias municipales en servicios sociales.
Esta preocupación “puede poner en peligro la cohesión social”, según afirma la presidenta de este órgano colegial, Ana Isabel Lima, quien asegura que “cualquier chispa puede acabar con la paz social en Canarias”. “En estos momentos nos encontramos en una situación de emergencia social, porque los recortes están dejando a muchas familias en una situación de desamparo absoluto. Además, la tendencia es negativa, porque cada vez hay más personas vulnerables, sin que los servicios sociales puedan asumir todas sus demandas”, subraya Ana Isabel Lima.
Y es que, en su opinión, “parece que la gente tiene que perder su dignidad para acudir a una organización benéfica para que resuelva sus necesidades más básicas; y precisamente ese es el modelo hacia el que estamos yendo, mucho menos garantista y especializado”.