GABRIELA GULESSERIAN | Tacoronte
El desalojo de Antonio Méndez y Berta Ferreiro de su casa, ubicada en el número 102 de la calle Ismael Domínguez, en Tacoronte, previsto para el próximo viernes, es un hecho condicionado a la posibilidad de que la jueza que lleva el caso acuerde la suspensión “en el marco de la discrecionalidad de la ley” y a que el abogado de Urbano Hernández, el vecino que los denunció alegando que la propiedad de la pareja se sujeta sobre los cimientos de su casa, solicite la paralización y espere al pronunciamiento del Tribunal Supremo.
En este último órgano judicial el abogado de la pareja en Madrid presentó un recurso de revisión contra el fallo de la sentencia, “basado en informes técnicos erróneos” y así lo demuestran las referencias catastrales. La resolución que el Supremo ha dictado al respecto es que sea el fiscal quien se pronuncie sobre el contenido del mismo y se produzca esa ansiada revisión”.
Este es el panorama que describió ayer la abogada de los Servicios Sociales de Tacoronte, Lucy Cova, quien compareció en una rueda de prensa en la la Asociación de Vecinos El Casco junto a la representante de la Plataforma Antidesahucios, Inma Dévora; el portavoz del colectivo ‘Yo también vivo en el 102’. Cristian González, y el arquitecto Antonio Alonso quien elaboró un informe en el que se puede constatar la “desproporción” que existe en los informes técnicos de ambas viviendas para cuya elaboración no se han tenido en cuenta las fotografías aéreas que demuestran que la vivienda del matrimonio está construida antes que la de su vecino. Luego se incorporó Antonio Méndez quien apenas pudo balbucear unas palabras porque inmediatamente rompió en llantos.
La abogada municipal reconoció que la situación del matrimonio en la actualidad “es bastante compleja” porque hay una sentencia firme que está en su fase final de ejecución. La revisión por parte del Supremo, precisó, puede ocasionar que se suspenda el desahucio pero para ello el Juzgado debe tener conocimiento de que ese recurso está presentado y le consta que así es y que el abogado de Hernández “sea sensible”. A su juicio, “eso sería una forma de garantizar el acceso a la justicia de todos en igualdad de condiciones”. En caso de que ello no suceda, Inma Dévora llamó a la movilización ciudadana para evitar que Antonio y Berta abandonen la casa en la que viven desde hace 30 años.