JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Con las ratios de médicos, enfermeros y quirófanos más bajas del país; con unas listas de espera desesperantes y un gasto por persona que deja mucho que desear, Canarias sólo podía estar situada a la cola en lo que a valoración de los servicios sanitarios se refiere. Eso es, al menos, lo que se desprende del último informe publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), entidad que engloba a una veintena de entidades de profesionales relacionados con la sanidad (médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, gestores, economistas, etc), interesados en la defensa y la mejora del sistema sanitario público.
El citado documento sitúa al Archipiélago -por sexto año consecutivo- entre las regiones peor valoradas por los ciudadanos, ya que cuenta con algunos de los parámetros más bajos del Estado, según indicadores tomados del propio Ministerio de Sanidad. Así, de un máximo de 98 puntos, Canarias solo obtiene 47, solo mejor que la Comunidad Valenciana. Lejos quedan regiones como Navarra (82), Aragón (75), País Vasco y Asturias (73) o Castilla-León (72). Dicha puntuación se sumó en función de criterios como el gasto per cápita en 2014, el número de camas por 1.000 habitantes, la cifra de quirófanos por cada 100.000 personas, la población adscrita por médicos de Atención Primaria y Especializada, el coste de alta hospitalaria calculado a partir del número de unidades ponderadas de actividad o la política farmacéutica, entre otros.
Coste de alta
De igual modo, también se incluyó la valoración de los ciudadanos obtenida en el Barómetro Sanitario 2013, así como el promedio del porcentaje de ciudadanos de los que acudieron al sistema sanitario que consideraron “bueno” o “muy bueno” el funcionamiento de las consultas de Atención Primaria, de especialidades, las Urgencias o la hospitalización. Con todo ello, se estableció una clasificación de comunidades con unos servicios sanitarios “buenos”, “regulares”, “deficientes” o “peores”, que muestra una importante diferencia entre los distintas regiones. En lo que se refiere a las Islas, como han venido denunciando los profesionales y sindicatos del sector, el histórico déficit de financiación y los recortes han provocado que no se hayan podido sacar adelante infraestructuras básicas como los hospitales del norte y el sur de Tenerife, lo que provoca que las ratios de médicos de Primaria, Especializada y personal de Enfermería estén muy por debajo de la media nacional. De igual modo, la ratio de camas (3,18 por cada 1.000 habitantes) es de las más bajas del país y está muy lejos de los objetivos mínimos que plantean la OCDE y la OMS.
Ello supone que el coste del alta hospitalaria, a partir del número de unidades ponderadas de actividad, sea en Canarias de 9.227 euros por paciente, casi 3.000 euros más que en regiones como Baleares, Castilla-León, País Vasco, Cataluña o Andalucía, que tienen una población superior a la del Archipiélago.
Paradójicamente, el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública vuelve a situar a las Islas como una de las regiones con menor gasto de bolsillo anual por persona en sanidad, apenas 266 euros, aunque es la segunda comunidad con más porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados (10,3%). Este porcentaje, que según el documento elaborado por la FADSP ha crecido más de un 3% en Canarias en el último lustro, supone un sobrecoste de entre siete y nueve veces “sin mejorar la calidad de la atención sanitaria”, lo que significa que “los centros públicos de gestión tradicional ven reducidos más aún unos presupuestos ya escasos”, concluye en su análisis la federación de asociaciones.
Casi el 15% de la población abandona los tratamientos por motivos económicos
En el informe anual de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública se expone que hay una serie de condicionantes que han incidido sobre el sistema sanitario público, especialmente los derivados del Real Decreto Ley 16/2012, que al igual que los copagos suponen un obstáculo para el acceso a prestaciones sanitarias necesarias. Así, hay encuestas que señalan que tras el copago farmacéutico un 14,76% de la población no retira medicamentos prescritos por problemas económicos (porcentaje que aumenta hasta el 20% en el caso de los pensionistas y un 23% en el de los parados). Y no existe ningún seguimiento por parte de las administraciones sanitarias sobre el impacto que estas medidas tienen sobre la salud de la población.
Estos problemas son generalizados en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) y han afectado, en mayor o menor medida, a todas las comunidades autónomas, pero una vez más ha habido distintas formas de aplicación de las mismas que, incidiendo sobre las diferencias previas, las han aumentado o disminuido. La FADSP, no obstante, recuerda que este informe, como todos los anteriores, “no hace sino una comparación entre las distintas regiones y evalúa la posición relativa de cada una de ellas respecto a las demás; por eso, si todas las comunidades han empeorado, como ha sucedido, el resultado no variaría si lo hubieran hecho en la misma medida”.