El Gobierno Local diseña un nuevo proyecto de guardería municipal

Fachada de la escuela infantil La Bombillita Feliz, la única municipal que hay en Tacoronte. / FRAN PALLERO

GABRIELA GULESSERIAN | Tacoronte

El futuro la escuela infantil La Bombillita Feliz es incierto. Esto es lo único que tienen claro el grupo de gobierno (CC) en Tacoronte y los familiares de los 57 niños que desde el 1 de septiembre no pueden acudir al centro porque ha cerrado sus puertas. El Ayuntamiento decidió en julio no recurrir la sentencia judicial interpuesta por el Gobierno de Canarias, que determina que el contrato de las siete trabajadoras en 2013 “no se ajusta a derecho” y por eso actualmente trabaja junto a los técnicos municipales y una consultora especializada en un nuevo proyecto en el mismo edificio “lo antes posible”, sin una fecha exacta, confirma el alcalde, Álvaro Dávila.

Sin embargo, padres y madres de alumnos consideran que la puesta en marcha de este servicio y la contratación de las monitoras “solo es cuestión de voluntad política y el alcalde no la ha tenido”. Por esta razón, organizaron una manifestación a las puertas del Ayuntamiento que tendrá lugar hoy de 10.00 a 12.00 horas para protestar por el cierre de la guardería, “la única que hay en Tacoronte de carácter municipal”, recalcan. “Queremos una explicación que justifique porqué la guardería no ha abierto a estas alturas”, insisten.

Los progenitores confiesan que se sienten “engañados” porque en una reunión que mantuvieron con el mandatario local en junio éste les prometió que “iba a recurrir la sentencia si salía desfavorable y lucharía hasta el final para que el servicio y las trabajadoras siguieran”. Sin embargo, un mes después, en un nuevo encuentro al que también acudieron la directora del centro y la concejal de Servicios Sociales, Virgina Bacallado, les confirmó que hacerlo “le suponía ir en contra de la ley y mucho dinero a las arcas municipales”.

Las familias, afectadas por el cierre del servicio y algunas incapaces de costearse uno privado, acusan a Dávila de “mentirles y de hacer todo lo contrario que dijo” y aseguran que hay otras soluciones, como por ejemplo, “hacer un contrato nuevo al personal mientras sale la sentencia”.

Pero la versión del alcalde es muy diferente y asegura que así se los trasladó en su momento a los padres, a quienes les explicó que la decisión de no recurrir la sentencia responde a que “no había motivos y lo único que se iba a conseguir es que se condenara al Consistorio a pagar los costes”, tal y como se lo habían aconsejado la secretaria e interventora municipal y los servicios jurídicos externos que trabajan en este caso.

También les precisó que en 2007 el Ayuntamiento sacó un proyecto temporal-experimental de escuela infantil por dos años prorrogable a otros dos. En 2011, cuando llegó a la Alcaldía, los técnicos le comentaron la situación existente y había que resolverla, por eso se les renovó el contrato al personal pero el de 2013 fue recurrido por el Gobierno de Canarias por entender que “no se ajusta a derecho”.

Según Dávila, “la sentencia es bastante dura con el Consistorio porque establece que las plazas se tendrían que haber sacado entre 2009 y 2011 y no se hizo”. A todo ello, añade, se suma la nueva ley sobre las competencias de las corporaciones locales y que este año hay que cumplir un decreto de 2008 que regula las escuelas infantiles en Canarias y por eso el Gobierno municipal trabaja en ver cómo se saca adelante este servicio, ya sea por gestión directa o indirecta.