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Más de 45.000 personas se quedan sin atención sanitaria

   

J. L. C. | Santa Cruz de Tenerife

Las organizaciones Acciónenred-Canarias, Amnistía Internacional, Cáritas, CEAR, Coordinadora Canaria por la Sanidad y la Salud Pública, Plataforma Yo Sí atiendo y Médicos del Mundo denunciaron ayer en un manifiesto conjunto que, que tras la entrada en vigor de los reales decretos 16/2012 y 1192/2012 de asistencia sanitaria, son ya más de 45.000 personas residentes en Canarias las que han dejado de ser atendidas de forma normalizada.

El pasado 1 de septiembre se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la controvertida reforma, que según esta plataforma “rompe con el modelo sanitario universal, equitativo y cohesionado, al que todas las personas tenían derecho”. “En dichos decretos se modifican las condiciones de acceso y garantía para personas migrantes (en situación administrativa irregular y regular), menores de 26 años desempleados; además de que se imponen copagos farmacéuticos y de servicios secundarios, se limita el acceso a servicios básicos, como los traslados no urgentes en ambulancia, las prótesis, las sillas de ruedas o alimentos especiales; y se vincula el derecho a la asistencia sanitaria a las cotizaciones laborales”, recalcaron las mismas fuentes, quienes exigieron a los responsables de las administraciones públicas “promover un modelo de atención sanitaria que responda de manera integral y universal a las necesidades de las personas que residen en el Archipiélago”. En este sentido, las organizaciones sociales recalcaron que “tras dos años de diálogos y negociaciones, se sigue sin dar solución a la merma del disfrute del derecho humano a la salud, que supone que haya personas que no puedan costear el precio de los medicamentos sin que la administración dé alternativas”. La plataforma, que llevará a cabo concentraciones de protesta en todas las islas, recordó además “que, a pesar de haberse posicionado en contra públicamente, no se han puesto medidas que supongan una mejora en las condiciones de acceso y garantía por parte el Gobierno de Canarias”.