Profesores piden que se pase “de las palabras a los hechos”

Alumnos en clase. / DA

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

El sindicato de profesorado STEC-IC ha reclamado este lunes, justo con el comienzo del curso, que el Gobierno canario pase “de las palabras a los hechos” para dar un “cambio de rumbo” a la educación canaria que pasen por más presupuesto, liberar de burocracia a los profesores y que los consejos escolares sean los máximos órganos de control de cada centro.

“El reclamo Ni LOMCE, ni recortes reiterado en los dos últimos cursos académicos por todas las comunidades educativas, debe de pasar de las palabras a los hechos. En Canarias es posible una política educativa distinta. No basta con destacar mejoras respecto al PP. Es necesario un cambio de rumbo. Reclamamos la puesta en práctica de las medidas contempladas en la Ley Canaria de Educación”, han explicado a través de un comunicado.

Así, quieren que se produzca un aumento de la inversión educativa que se refleje en los nuevos presupuestos generales de Canarias, la disminución de las ratios de profesores por alumnos, la simplificación de la carga burocrática del profesorado y la consideración de los consejos escolares como máximos órganos de gestión y participación democráticas de los centros educativos, entre otros asuntos.

QUIEREN COBRAR MÁS

Solicitan también la “dignificación de la labor profesional y laboral de los docentes”, firmándose “el pacto de estabilidad previsto para el profesorado interino mayor de 55 años como su ampliación a los cerca de 3.200 docentes del colectivo de interinos”, así como abrir una negociación sobre sus sueldos, pues se consideran “mal pagados”.

“El STEC-IC no se conforma con ‘naturalizar’ y ‘normalizar’ los recortes que han sufrido la educación pública y los trabajadores de la enseñanza. Es inconcebible que se castigue al profesorado por enfermar, practicándoles descuentos [como al resto de trabajadores], que se haya incrementado la jornada laboral, que no exista atención temprana para el alumnado ni refuerzos educativos, que sea el profesorado del centro afectado quien cubra las bajas, que se privaticen servicios tan esenciales como los comedores escolares y un largo etcétera más”, sostienen.