Sanidad multará a los profesionales que fomenten el cigarro electrónico

No hay evidencias científicas ni estudios concluyentes sobre la efectividad del cigarrillo electrónico. / DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Sólo un 20% de los usuarios de los cigarrillos electrónicos declaran estar totalmente y bastante satisfechos con el uso del cigarrillo electrónico, y un 75% de los consumidores asegura que sigue fumando tabaco convencional. Así se desprende de un reciente estudio del Instituto Catalán de Oncología y la Universidad Internacional de Cataluña, publicado en la revista BMJ Open, sobre el uso de estos cigarros en Barcelona. Se trata del primer artículo realizado en nuestro país que estima la prevalencia de uso de estos dispositivos (con y sin nicotina), la satisfacción con su utilización y el lugar donde se compró el cigarrillo electrónico.

Este documento ha venido a refrendar los temores expresados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que el pasado mes de enero decidieron prohibir el uso de estos dispositivos en centros sanitarios, zonas educativas e infantiles, en el transporte público y en el ámbito de las administraciones públicas, especialmente en las oficinas de atención al público. La medida se acordó en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre, donde también se decidió que los profesionales sanitarios no promuevan el uso de estos cigarros como método de prevención del tabaquismo o para dejar de fumar.

Las restricciones impuestas en Canarias, que ya han provocado que se levanten algunas actas de sanción, parecen ir incluso más lejos, hasta el punto de que la Consejería está decidida a multar a aquellos sanitarios que promuevan o recomienden el uso de estos cigarros como estrategia para dejar el tabaco. Así lo han confirmado a este periódico algunos profesionales, quienes aseguran que técnicos de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno regional han visitado hospitales y centros de salud velando por el cumplimiento de la normativa.

Desde Salud Pública recordaron que la orden pretende “avanzar en la prohibición de su uso y consumo (del cigarrillo electrónico) en los espacios de uso público contemplados en la Ley 28/2005, modificada por la Ley 42/2010 de 30 de diciembre”. De igual modo, justifican esta restricción dado que “la eficacia de los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar no ha sido demostrada y por otra parte, no se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al uso o a la exposición del vapor de los cigarrillos electrónicos”. Las mismas fuentes del Ejecutivo regional recordaron que el Gobierno español está en conversaciones con la Comisión Europea para implementar la directiva continental antitabaco, en la que se incluye este tipo de cigarros.

Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que no contienen tabaco y que, mediante un sistema electrónico, vaporean una mezcla compuesta por nicotina, propilengicol y otros productos químicos. Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo han elaborado informes desaconsejando su consumo. Según las últimas estadísticas del Ministerio, el 5% de la población española lo ha fumado alguna vez, y el 1% es consumidor habitual.