El 84% de los ayuntamientos canarios incumple la ley estatal de transparencia

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El 84% de los ayuntamientos canarios suspende en transparencia, y sólo el 16% logra aprobar. Ese es el resultado del test que en julio realizó el departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos sobre el grado de cumplimiento de la Ley estatal de Transparencia, vigente desde 2013.

De acuerdo con este examen, que analiza la información ofrecida en las webs municipales, del máximo de 5 puntos sólo 14 de los 88 ayuntamientos sobrepasan los 2,5 que marcan el aprobado. La clasificación la encabeza Arona, con 3,74, seguida de El Sauzal (3,21), Santa Cruz de La Palma (3,06), Tías (3,01), Vallehermoso (2,92), La Victoria (2,91), San Miguel (2,79), Tegueste (2,78),Granadilla (2,69), San Bartolomé, en Lanzarote (2,65), Puerto de la Cruz, Santa Úrsula y Garachico (2,64) y Las Palmas de Gran Canaria(2,61).

A la cola, como ayuntamientos más opacos- ni siquiera alcanzan un punto-, se sitúan El Tanque, Valle Gran Rey y Fuencaliente, con un cero, a los que les siguen Mazo (0,22), Arico, El Pinar y San Andrés y Sauces (0,27), Puntagorda (0,80), Tinajo (0,86), Breña Alta y Breña Baja ( 0,98) y Garafía (0,99).
El test fue presentado ayer en el TEA durante una jornada que inauguró la consejera de Acción Social y Gobierno Abierto del Cabildo tinerfeño, Cristina Valido, y en la que expusieron la metodología y el contenido de este estudio María Luisa Delgado, profesora de Contabilidad, y Emilio Navarro Heras, vicedecano de Extensión Univesitaria del citado centro docente.

A escala estatal, se ha tenido en cuenta solo municipios de más de 50.000 habitantes, y en este ámbito mayor (liderado por Sevilla, con 4,38 puntos,), los municipios canarios mejor situados son Arona (puesto 17), Las Palmas (67) y la capital tinerfeña (puesto 80, con 2,46 puntos). En general, los ayuntamientos canarios dan en Internet pocos datos sobre las funciones de sus órganos de gobierno y jefes de servicio, así como sobre contratos menores y de procedimiento restringido y negociado. Tampoco facilitan el acceso a la información a personas discapacitadas.