GABRIELA GULESSERIAN | Tacoronte
El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila (CC), afirmó ayer que muchas de las peticiones realizadas por la nueva plataforma ciudadana que ha surgido en el municipio, Salvemos Tacoronte, y que agrupa a seis colectivos sociales y vecinales, no son de competencia municipal.
Durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento, en la que estuvo acompañado por algunos de los concejales de su grupo de gobierno, Dávila aclaró cada una de las reivindicaciones del nuevo colectivo ciudadano. En primer lugar se refirió a la Ruta del Vino, un programa cuya desaparición le achaca la plataforma. Sin embargo, el regidor nacionalista especificó que “no era una empresa del Ayuntamiento de Tacoronte sino que habían otros siete vinculados, La Orotava; Santa Úrsula, La Matanza de Acentejo, El Sauzal, Tegueste, La Laguna y Tacoronte”.
Precisó que cuando tomó posesión de su cargo, en 2011, las deudas ascendían a 67.700 euros y al reclamar este importe La Orotava, La Laguna, La Matanza y Santa Úrsula se dieron de baja y solo quedaron Tacoronte, El Sauzal y Tegueste, que decidieron “de manera unánime” dejar sin actividad la empresa, que en ese momento contaba con dos trabajadores y un gerente “pagado al 100% por Tacoronte”.
En lo referente a la Coral Monteverdi, dijo que se trata de un conjunto de 11 personas “de las cuales sólo cinco son del municipio”, que ensayan en un local cedido “de forma totalmente gratuita por el Ayuntamiento”. Pero además, en 2013 recibió una subvención de 7.500 euros mientras que la ayuda a otras agrupaciones musicales como Chedey, Tagorosteros y Taifa, fue de 750 euros anuales y por lo tanto, “se trata de un agravio comparativo”.
Otro de los reclamos de la plataforma es que se reanude el servicio de planificación familiar para las familias más vulnerables, pero Dávila explicó que la atención de ginecología “es una competencia de la Consejería de Sanidad y la Ley de Sostenibilidad impide duplicar acciones”.
Por último, respecto a la escuela infantil municipal La Bombillita Feliz, el alcalde recordó que hay una sentencia que estableció que los contratos de las trabajadoras “eran ilegales”, y por eso el Consistorio “se vio obligado a rescindirlo. No obstante, prometió que “se pondrá en marcha lo antes posible y siempre dentro de la legalidad”.