El consejero delegado de Bodegas Insulares, José Luis Savoie, presentó este jueves, 2 de octubre, su dimisión, que fue ratificada por el Consejo de Administración de la empresa del Cabildo, tras la polémica surgida a raíz de la investigación llevada a cabo por el Gobierno canario debido a la compra de vino peninsular por parte de esta entidad. De esta manera, el responsable de la empresa asume la responsabilidad tras las críticas y el malestar del sector.
Una vez finalizado el encuentro, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo tinerfeño, José Joaquín Bethencourt, afirmó a este medio que el Consejo de Administración ha considerado como “inadecuada y arriesgada” la citada adquisición, por lo que aceptó la renuncia. Del mismo modo, destacó que pese a que aún no se ha emitido informe definitivo, los indicios apuntan a que “no hay actividad fraudulenta”.Bethencourt lamentó esta situación, pero destacó la “impecable trayectoria” de Bodegas Insulares desde su creación en 1992. Adelantó, también, que se continuará con la investigación en próximos encuentros.
El Consejo explicó que dicha compra “obedecía a una solución técnica para mejorar una partida importante de vinos, almacenados en la bodega de Guía de Isora, que por ser de añadas atrasadas no contaban con la calidad suficiente para salir al mercado. Estos vinos fueron comercializados íntegramente en el mercado de vinos sin denominación de origen”. Desde el pasado martes, día 30 de septiembre, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha realizado tres inspecciones en Bodegas Insulares, en las que ha podido “comprobar la trazabilidad de todos los productos y la legalidad de todas las prácticas realizadas en la empresa”, matizaron en un comunidad. Además, dejaron claro que la empresa “no ha cometido en ningún caso una actividad fraudulenta”. La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) tras el malestar del sector ha reclamado, además de la de Savoie, la dimisión o cese del presidente (Bethencourt). Insistieron en la necesidad de “iniciar el proceso de privatización de Bodegas Insulares, con la salida del Cabildo de su accionariado”, según señala la Legislación de Liberalización de Servicios y de Régimen Local. Hasta tanto, proponen nombrar “una comisión independiente que asuma las funciones para la transición hacia la privatización y depure las irregularidades internas”. Exigen que se arbitren soluciones de urgencia para los viticultores que, de forma indirecta, se han visto afectados por esta situación y que el Cabildo recupere su papel de árbitro y no fuerce modelos agotados.