“Estamos reforzando la protección del menor frente a los abusos”

Antonio Alarcó, ayer en rueda de prensa. / DA

El senador del Partido Popular por Tenerife, Antonio Alarcó, aseguró ayer que “el Gobierno de España está reforzando la protección del menor ante los abusos sexuales, porque sabemos que son temas que precisan un seguimiento continuo y a los que hay que darle una adecuada visualización para lograr el repudio y el escarnio social, armas fundamentales para proteger a los menores”.

Así lo manifestó ayer el senador tinerfeño durante el transcurso de una rueda de prensa, donde estuvo acompañado por el coordinador del Frente Cívico contra la Pederastia, Abel Román, y el asesor jurídico de la asociación, Sergio Ravelo, y que sirvió para informar de los avances conseguidos en el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia. Cabe recordar que dicho frente cívico surgió hace años en Tenerife como respuesta social ante la enorme incidencia de esta delincuencia (una víctima de cada cinco menores, según los especialistas) y la impunidad con la que se mueven gracias al oscurantismo con que se solía tratar estos casos.

El también presidente-portavoz del Grupo Popular del Cabildo anunció que “en este documento se recogen algunos de los acuerdos de la moción presentada en el Senado, y en la que se pedía al Gobierno que pusieran en marcha todas las medidas para prevenir, paliar los efectos y perseguir la pederastia”.

En este sentido, el popular avanzó que “el documento presentado en el Consejo de Ministros incluye alguno de estos puntos, como la exigencia de que los contratantes de empleo, cuyo desempeño suponga contacto habitual con menores, tendrán que comprobar que los candidatos no hayan sido condenados por este tipo de delitos”.

“Además, establece que las autoridades públicas, funcionarios y profesionales que sepan de situaciones de abusos contra un menor en el ejercicio de sus funciones, tendrán la obligación de denunciarlo ante el Ministerio Fiscal”, añadió Alarcó, quién avisó de que “si no lo hacen incurrirían en un delito de omisión”. Asimismo, este Anteproyecto de Ley también modifica el Real Decreto 14 de septiembre de 1882, sobre Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 433, que ahora recoge que para evitar perjuicios en los menores, el juez podrá ordenar que sean expertos quienes les tomen declaración, ordenando así la grabación de dicha declaración en medios audiovisuales.

El popular indicó que el apartado 2 del artículo 777 ahora establece que las pruebas anteriores a menores, como reconocimientos médicos o interrogatorios, serán consideradas como anticipadas o preconstituidas y tendrán validez legal con el fin de evitar la victimización secundaria, protegiendo así la integridad psíquica y física de la víctima.

Del mismo modo, el Gobierno de España estudia la posibilidad de crear un registro donde figuren los pederastas, traficantes de menores y explotadores infantiles condenados en firme, “para evitar que estas personas vuelvan a tener contacto con los menores”. En este sentido, el senador del Partido Popular aclaró que “no se trata de evitar su reinserción, porque el registro será compatible con la Ley de Protección de Datos, sino de que consigan un empleo en otras áreas”.