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Los permisos dados a Repsol por Soria acaban también en los tribunales

   

V. P. / EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario continúa la batalla jurídica contra las prospecciones de Repsol. Pese a que el Tribunal Supremo ya desestimó el recurso contra los decretos del Ministerio de Industria y Energía que dan cobertura a este proyecto, el Ejecutivo regional acordó ayer recurrir la autorización dada por este organismo, que preside José Manuel Soria, a la multinacional petrolera para hacer sondeos frente a Lanzarote y Fuerteventura.

En concreto, el Consejo de Gobierno aprobó ayer apelar contra la resolución de 6 de octubre por la que el secretario de Estado de Energía desestimó el requerimiento previo formulado por el Ejecutivo regional contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y de Minas que autorizó a Repsol sus perforaciones.

El recurso, que implicará la petición de que se suspenda forma cautelar la eficacia de la resolución impugnada, se presentará bien en la Audiencia Nacional o bien en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en función de lo que determinen los servicios jurídicos del Gobierno canario, informaron ayer fuentes de Presidencia.

El Ejecutivo que preside Rivero considera que “se está dando un tratamiento desigual” a Canarias respecto a Baleares en cuanto a los sondeos de hidrocarburos, de ahí, alega, su determinación de proseguir con las acciones legales contra el proyecto de Repsol.

El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, aclaró ayer que el Ejecutivo regional acatará la ley cuando el Gobierno del Estado recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto que regula la consulta popular convocada sobre los sondeos para finales de noviembre, aunque opinó que la pregunta finalmente se hará.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Marrero agregó que la suspensión que se produciría automáticamente al ser recurrida la consulta canaria finalizaría a los cinco meses pues “la medida cautelar no es ad aeternum” y ese periodo el Tribunal tiene que decidir si la ratifica o la levanta. En este sentido, hizo hincapié en que el Gobierno canario está convencido de que el Constitucional levantará la suspensión, ya que, alegó, el recurso “no es jurídico, sino político”.

En relación con la intervención de Mariano Rajoy el miércoles en las Cortes, donde acusó al Gobierno canario de “engañar y burlarse” de los ciudadanos en la polémica sobre el petróleo, Marrero dijo que el mandatario estatal “está en las antípodas de la verdad”. “Queremos creer que el problema es que el presidente está mal informado, que alguien le ha pasado mal las notas en las que basó su intervención”, aseveró el portavoz gubernamental canario.

“Venía a argumentar”, recordó Marrero sobre Rajoy, “que no había riesgo ninguno. El presidente ha incurrido en una falta a la verdad. En el expediente administrativo de estas prospecciones hay incontables alusiones al riesgo que tienen y, de hecho, se evalúan”.

Otro de los acuerdo del Consejo de ayer fue instar al Gobierno central a rectificar los presupuestos del Estado para 2015, por “arbitrarios e insolidarios” con el Archipiélago. Para ello, remitirá una comunicación al Parlamento autonómico en la que se “reprueba el trato desigual que recibe” Canarias en las cuentas estatales porque “dañan el gasto social, perjudican la recuperación económica y no compensan en su justa medida el hecho insular”. En total, Canarias acumula un recorte de 500 millones de euros desde 2012 en financiación del Estado.